El conflicto en el transporte público de pasajeros en San Juan escaló institucionalmente este miércoles. Tras la retención de servicios implementada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en reclamo por deudas salariales, el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, adelantó que el Ejecutivo provincial evalúa aplicar multas y sanciones económicas a las empresas prestatarias por la interrupción intempestiva del servicio.
Cuestionamientos y falta de comunicación oficial
En declaraciones radiales, Molina cuestionó duramente la metodología elegida por el gremio y lamentó que los usuarios hayan quedado «rehenes» de una medida que no fue comunicada formalmente al organismo de control. Según explicó el funcionario, si bien las unidades estaban diagramadas para operar, la gran mayoría no salió a la calle, registrándose una circulación mínima frente al esquema habitual.
«El conflicto gremial es un conflicto gremial que afecta al servicio, no es un conflicto del servicio», enfatizó Molina, diferenciando el reclamo paritario de la obligación contractual que tienen las empresas de garantizar la prestación a los sanjuaninos. Asimismo, el titular de la cartera de Transporte advirtió que investigarán denuncias sobre presuntas amenazas a choferes que querían salir a trabajar, conductas que podrían derivar en denuncias penales.
El trasfondo del reclamo y los pasos a seguir
La medida de fuerza de los choferes responde al incumplimiento en el pago de la última escala salarial acordada. Desde la secretaría reconocieron la existencia de dichas deudas, pero advirtieron que no se convalidará que los reclamos se canalicen afectando de esta manera la movilidad pública. Por el momento, el Gobierno analiza los incumplimientos registrados durante la jornada para aplicar las sanciones previstas por normativa y definir los pasos a seguir con las concesiones
