La Justicia federal dictó el procesamiento del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, en el marco de una causa donde se investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La resolución fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini, quien ordenó además un embargo sobre los bienes del exfuncionario por un monto de $1.500 millones y ratificó la inhibición general de sus bienes. Pese a la medida, Baratta continuará el proceso en libertad, ya que no se le impuso prisión preventiva.
Patrimonio bajo la lupa y una propiedad en Pilar
El período analizado por la Justicia abarca desde el 28 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2017, incluyendo los años de gestión en la cartera que encabezaba Julio De Vido y los dos ejercicios posteriores a su salida de la función pública. Según determinó el magistrado, al cotejar los ingresos legítimos acreditados con los gastos detectados surgieron saldos negativos acumulados por más de $4,6 millones a valores históricos, evidenciando un incremento patrimonial considerado apreciable e injustificado.
Uno de los ejes centrales de la investigación recae sobre una vivienda de aproximadamente 380 metros cuadrados levantada en el Mapuche Country Club de Pilar. El terreno fue adquirido en septiembre de 2012 por USD 70.000 en efectivo y registrado a nombre de la madre del exfuncionario. De acuerdo con testimonios y constancias del expediente, las directivas y los pagos de la construcción habrían sido gestionados por el propio Baratta y su entonces secretario privado, Nelson Lazarte. Entre los elementos destacados aparece además que los servicios de cable e internet del inmueble figuraban a nombre de Oscar Centeno, su exchofer y autor de los registros de la causa Cuadernos.
Departamentos, cocheras y vehículos
La acusación no se limitó a la quinta bonaerense, sino que comprende departamentos, cocheras y bauleras situadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —algunas a nombre de su pareja—, como así también tres vehículos y dinero en efectivo incautado en allanamientos. Aunque la defensa alegó aportes familiares, herencias, ahorros y actividades comerciales, el juez concluyó que no se logró acreditar la debida trazabilidad de los fondos en las adquisiciones. La decisión de Ercolini, que aún puede ser apelada ante la Cámara Federal porteña, se suma a la situación procesal de Baratta en el juicio oral en curso por los presuntos pagos ilegales ventilados en la causa Cuadernos.
