Una investigación por presunta defraudación que involucraba a una conocida corredora inmobiliaria de la provincia concluyó este miércoles en los tribunales locales mediante una salida alternativa de resolución de conflictos. Gabriela Villafañe (54), titular de una firma administradora que comparte junto a un socio de apellido Monteagudo, quedó formalmente imputada por retener indebidamente los fondos de los alquileres de tres departamentos céntricos. Sin embargo, no irá a prisión ni sumará antecedentes en su prontuario: tras verse acorralada por las pruebas, la acusada acordó devolver $12 millones para extinguir la acción penal.
La causa se originó a partir de una relación comercial que databa desde el año 2010. Un propietario de apellido Fernández le había encomendado la administración de tres unidades de su propiedad ubicadas en el céntrico Edificio del Patio San Ignacio. Durante más de diez años el vínculo se mantuvo sin sobresaltos, hasta que en agosto de 2025 sobrevino la maniobra desleal.
La maniobra: aprovechó un duelo familiar para desviar los fondos
De acuerdo con la investigación judicial, el punto de quiebre ocurrió cuando Fernández sufrió la pérdida física de su pareja:
- Ventana de vulnerabilidad: Afectado anímicamente por el fallecimiento de su compañera, el damnificado delegó y pausó el control habitual de sus cuentas comerciales para transitar el duelo.
- Cobro puntual, rendición cero: Villafañe continuó cobrando con estricta regularidad los cánones locativos a los inquilinos, pero cortó por completo las transferencias y la rendición contable hacia el propietario.
- Descubrimiento y denuncia: En febrero de 2026, al retomar sus tareas cotidianas, Fernández constató el faltante millonario. Tras enviar intimaciones formales que no obtuvieron respuesta satisfactoria, radicó la denuncia penal.
La contundencia de las pruebas y el acuerdo de conciliación
La causa recayó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, con el patrocinio del abogado querellante Padilla en representación de la víctima:
- Comprobantes irrefutables: Los tres inquilinos declararon como testigos en sede fiscal y aportaron los comprobantes bancarios de sus pagos mensuales transferidos a las cuentas de Villafañe, confirmando una retención indebida superior a los 11 millones de pesos.
- Calificación legal: Ante la contundencia de las pericias bancarias, la fiscalía le atribuyó a Villafañe el delito de defraudación por retención indebida (tres hechos en concurso real).
- Homologación judicial: Ante el riesgo inminente de un juicio oral y una condena efectiva, la defensa oficial a cargo del letrado Quiroga presentó un acuerdo de conciliación y reparación integral. Ante el juez de Garantías Matías Parrón, se formalizó el compromiso de devolver $12 millones de pesos en 12 cuotas mensuales consecutivas (iniciando el primer pago antes del 15 de octubre). Al cumplirse la totalidad del plan de pagos, la empresaria quedará sobreseída definitivamente.
