El conflicto del transporte público de pasajeros en San Juan escaló a su punto máximo de fricción este miércoles por la noche. Tras la intimación formal emitida por el Gobierno provincial, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan resolvió no acatar la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo y ratificó la continuidad total de la medida de fuerza. De esta manera, el servicio de colectivos de la RedTulum seguirá completamente paralizado durante la noche de este miércoles y la mañana del jueves, al menos hasta las 11:00 horas, momento en que se llevará a cabo una audiencia decisiva en la sede de la cartera laboral.
La desobediencia gremial deja a la provincia frente a una segunda jornada de severas complicaciones para trabajadores, comerciantes y la comunidad educativa, luego de un miércoles caótico donde miles de sanjuaninos debieron recurrir de urgencia a taxis, remises, traslados particulares o plataformas digitales para desplazarse.
La postura gremial y el cruce con las empresas
- Continuidad de la huelga: Desde el seno de la UTA ratificaron que los choferes no saldrán a las calles hasta tanto no se concrete la reunión en la Secretaría de Trabajo y se obtengan garantías fehacientes sobre la cancelación de las diferencias salariales pactadas a nivel nacional entre el gremio y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).
- El descargo de las patronales: Por su parte, la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) argumentó que las empresas abonaron los salarios de septiembre dentro de los plazos legales, pero conforme a la escala que sus estructuras financieras pueden afrontar. En ese sentido, reiteraron su reclamo al Ejecutivo provincial por una urgente actualización del estudio de costos del sistema.
Dura advertencia oficial por incumplimiento legal
Durante la jornada, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, cuestionó con dureza el proceder sindical y remarcó la ilegalidad del formato adoptado:
- Falta de preaviso: Señaló que la protesta jamás fue notificada formalmente ante la repartición pública.
- Violación de servicios esenciales: Marchese advirtió que, tratándose de un servicio público esencial, cualquier medida de acción directa debe garantizar obligatoriamente un esquema de contingencia con una prestación mínima del 75% de las frecuencias, disposición que fue ignorada de plano por el sindicato.
Ante este panorama de desacato, no se descarta que el organismo laboral avance con la aplicación de severas multas económicas y sanciones administrativas contra la entidad sindical.
