El conflicto que paraliza el transporte público de pasajeros en San Juan por segundo día consecutivo llegó a su punto más álgido este jueves. Mientras cientos de choferes nucleados en la UTA marchaban con bombos y banderas por calle Santa Fe para rodear la sede de la Subsecretaría de Trabajo, el titular de ATAP, Ricardo Salvá, lanzó durísimas declaraciones antes de ingresar a la audiencia paritaria, asegurando que las empresas están desfinanciadas y no pueden afrontar el aumento salarial.
La marcha gremial y el reclamo por haberes desactualizados
Con una columna masiva que cubrió varias cuadras desde calle Mendoza hasta Entre Ríos, los conductores visibilizaron la bronca que atraviesa a cerca de 1.600 familias del sector. El delegado gremial Juan Pablo remarcó en el lugar que el reclamo no da para más: «Venimos cobrando con una escala de abril y estamos en octubre. No pedimos nada más que se respete el acuerdo firmado, la escala de septiembre, las gratificaciones y los retroactivos». Los trabajadores ratificaron su rechazo tajante a percibir las diferencias salariales en dos cuotas e insistieron en que el paro por tiempo indeterminado solo se levantará con una solución efectiva sobre la mesa.
La postura de ATAP: déficit millonario y reclamo a la Secretaría de Transporte
A su llegada al edificio laboral, Ricardo Salvá trazó un panorama demoledor sobre las finanzas del sistema de colectivos y deslindó responsabilidades: «Nuestras expectativas son bajas. No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial ni el aumento de combustibles».
El directivo empresarial reveló que al sistema le faltan 2.000 millones de pesos mensuales para cubrir sus costos reales y que el perjuicio acumulado en las cuentas de las prestatarias ya orilla los 16.500 millones de pesos, obligándolas a recurrir a descubiertos bancarios que generan más de 200 millones de pesos mensuales sólo en intereses.
Asimismo, Salvá apuntó contra el esquema de compensaciones oficiales: «El boleto de $1.300 lo paga solo uno de cada 10 pasajeros. De diez personas que suben, cinco van con boleto escolar que subsidia la provincia con una tarifa reducida, uno tiene pase por discapacidad y los otros tres tienen subsidio nacional, donde el usuario paga el 45% y Nación abona el 55% restante a los 60 o 70 días».
En esa línea, el titular de ATAP exigió que la Secretaría de Transporte provincial se siente a recomponer la ecuación económica de las concesiones: «La responsabilidad de prestar el servicio es del Estado, que contrata a empresas privadas. Si no actualizan la estructura de costos, la situación es insostenible». Con ambas posturas enfrentadas al límite, la reunión ministerial se convirtió en una cumbre decisiva para determinar si San Juan recupera los colectivos durante la tarde o la huelga se profundiza.
