En una resolución judicial determinante para destrabar la parálisis del transporte público en la provincia, la Justicia de San Juan hizo lugar a la acción de amparo presentada por el Gobierno provincial y dictó una medida cautelar innovativa que ordena el cese inmediato de las medidas de fuerza. El fallo exige tanto a la Seccional San Juan de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) como a las empresas nucleadas en la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) garantizar la prestación normal, regular, continua e ininterrumpida de todas las líneas de la RedTulum a partir de este jueves 8 de octubre.
La presentación judicial del Ejecutivo provincial se concretó luego de que la retención de tareas impulsada por el gremio de choferes se prolongara a pesar de la conciliación obligatoria dictada en la víspera por la Subsecretaría de Trabajo, afectando el derecho constitucional a la movilidad de miles de ciudadanos.
Alcance de la medida cautelar y cumplimiento de frecuencias
El pronunciamiento de la magistratura interviniente fijó pautas de estricto cumplimiento operativo para ambas partes del conflicto:
- Levantamiento inmediato de la protesta: Ordena el cese de toda medida de acción directa o retención de tareas dispuesta para la jornada de hoy y los días sucesivos, vigencia que se extenderá hasta la resolución de fondo de la acción de amparo.
- Diagramas horarios habituales: Dispone que las empresas concesionarias y el personal choferil aseguren la salida de las unidades bajo el estricto cumplimiento de las frecuencias y diagramas diurnos y nocturnos establecidos por la Dirección de Tránsito y Transporte.
- Aporte de infraestructura móvil: Exige a las prestatarias de ATAP poner a disposición inmediata el parque automotor completo y la infraestructura técnica necesaria en las cabeceras para restablecer los recorridos en el Gran San Juan y los departamentos periféricos.
Notificación urgente y apercibimientos legales
La resolución judicial estableció que la manda debe efectivizarse a partir del momento en que las partes sean formalmente notificadas por cédula judicial.
Asimismo, el tribunal fijó severos apercibimientos y sanciones legales, patrimoniales y contravencionales en caso de verificarse incumplimientos, desobediencia judicial o demoras injustificadas en la salida de las unidades a la vía pública.
