El asesor presidencial Santiago Caputo lanzó duras acusaciones contra el sistema de asignaciones no contributivas del Estado y aseguró que cerca del 60% de las pensiones por invalidez vigentes son fraudulentas. A través de una publicación en sus redes sociales, el funcionario calificó el esquema como «una de las mayores estafas de la política nacional de los últimos 20 años» y apuntó de lleno contra el Congreso por intentar trabar las auditorías oficiales.
Caputo sostuvo que la proliferación de estos beneficios responde a maniobras partidarias: “Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política”. En esa línea, remarcó que el volumen de beneficiarios supera incluso los registros de naciones en conflicto bélico: “Tenemos más pensiones por invalidez que un país que haya sufrido una guerra”.
Recursos escasos y proyecto de ley en el Congreso
El influyente asesor vinculó la calidad deficiente de la asistencia social con la filtración irregular de fondos:
- Impacto en las prestaciones reales: Afirmó que, al ser los recursos escasos debido a la cantidad de beneficios apócrifos, “las prestaciones para aquellos que efectivamente tienen alguna discapacidad son un desastre”.
- Cruce con el Parlamento: Denunció que, mientras el Poder Ejecutivo busca dar de baja las irregularidades detectadas, desde el Congreso insisten en frenar los recortes y pretenden duplicar la cobertura.
- Iniciativa legislativa: Las declaraciones coinciden con el envío formal al Congreso del proyecto de ley Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez, una propuesta oficial que busca fijar pautas normativas para prevenir, detectar y sancionar maniobras ilegales, ordenando una revisión integral del régimen de invalidez laboral no contributivo.
