La actividad vitivinícola del oeste argentino enfrenta un escenario de severa fragilidad financiera que ya golpea de lleno en los ingresos de los operarios de viña y bodega. Autoridades laborales de la región encendieron las alarmas al constatar que múltiples establecimientos del sector acumulan atrasos recurrentes en el pago de salarios, sumado a un pronunciado nivel de morosidad en la cancelación de las facturas del servicio eléctrico, un insumo crítico para la operatividad de los establecimientos y los sistemas de riego.
El estrangulamiento de las cuentas de las empresas responde a una combinación letal de factores macroeconómicos y sectoriales: la retracción en los volúmenes de comercialización, el encarecimiento sostenido de los costos de producción y la pérdida de competitividad cambiaria. A este cuadro se añade el reclamo por la falta de programas de asistencia, incentivos y políticas de fomento desde el Gobierno Nacional hacia las economías regionales, lo que dejó sin liquidez a firmas medianas y grandes para hacer frente a sus obligaciones operativas básicas en la antesala de un nuevo ciclo agrícola.
La situación reavivó la preocupación sindical en entidades gremiales como la Federación Obrera Empleados de Vitivinícolas y Afines (FOEVA), en un escenario nacional condicionado por negociaciones paritarias complejas y la erosión constante del poder adquisitivo. Frente al riesgo latente de suspensiones o despidos, los organismos gubernamentales siguen con lupa la evolución de los incumplimientos para evitar que la falta de pago derive en una parálisis productiva generalizada en las principales cuencas vitivinícolas del país.
