Una conocida agencia de compraventa de vehículos en Rawson quedó en el epicentro de un resonante escándalo judicial tras destaparse una presunta megaestafa económica que supera los $150 millones. En los tribunales provinciales fueron formalmente imputados el titular del comercio, Diego Alejandro Martínez; su expareja y socia, Tania Tamara Luna; y un empleado de la firma, Javier Ezequiel Arroyo Cortez, acusados de articular un esquema de comercialización fraudulenta de vehículos ajenos sin entregar el dinero pactado a sus dueños, maniobras con formularios de transferencia y la emisión reiterada de cheques sin respaldo bancario.
Durante la audiencia formal de apertura de causa, el fiscal Guillermo Heredia (de la UFI Delitos Informáticos y Estafas) les atribuyó los delitos de estafa, defraudación por abuso de confianza en calidad de mandatario y libramiento de cheques sin fondos, de acuerdo a los diferentes roles y grados de intervención en perjuicio de al menos seis damnificados. El expediente detalla maniobras diversas: retención de camionetas, transferencias a espaldas de los clientes y un abultado tendal de cheques rebotados. Entre los episodios denunciados figuran la venta de una camioneta BMW X6 valuada en $51 millones con un descubierto de $29 millones en valores rechazados; la entrega en consignación de cuatro Chevrolet Onix 0 km donde simularon pagos «de contado» que nunca existieron; y una operación con otro particular que recibió 22 cheques sin fondos por un total de $55 millones correspondientes a cuentas de Luna y Arroyo Cortez.
Tras escuchar los alegatos de la fiscalía y de las querellas particulares representadas por los abogados Marcelo Fernández, Josela Echegaray y Juan Pablo Ortega, la jueza de Garantías María Carolina Parra resolvió dar curso a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por un plazo de 12 meses. Asimismo, la magistrada dispuso que los tres acusados transiten el proceso penal en libertad, fijando estrictas medidas restrictivas que incluyen la prohibición absoluta de contacto y acercamiento físico o virtual hacia las víctimas denunciantes.
Fuente: Diario 13 San Juan
