La masiva movilización convocada frente al Congreso de la Nación en reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario derivó en serios enfrentamientos y abrió una dura batalla en los tribunales federales. El Ministerio de Seguridad de la Nación radicó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los desmanes, acusándolos formalmente de resistencia y atentado contra la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.
Según el escrito presentado ante la Justicia, grupos con los rostros cubiertos se desprendieron de las columnas principales para atacar a las fuerzas federales con piedras y objetos contundentes, además de provocar roturas en bienes públicos. La acusación del Ejecutivo nacional subraya que los disturbios se produjeron mientras ambas cámaras legislativas se encontraban en plena sesión, lo que configuraría una maniobra orientada a obstaculizar el funcionamiento del Parlamento. Actualmente, la cartera de seguridad recopila registros de cámaras de seguridad y material fotográfico para individualizar a los agresores.
25 detenidos, efectivos lesionados y destrozos millonarios
El saldo del operativo arrojó al menos 25 personas aprehendidas, entre las cuales figura un menor de 14 años acusado de arrojar cascotes contra un patrullero en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre. Por su parte, ocho uniformados debieron recibir asistencia médica por heridas de distinta consideración: cuatro integrantes de la Gendarmería Nacional, dos de la Prefectura Naval y dos de la Policía Federal Argentina.
En tanto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuantificó los daños ocasionados en el espacio público en una cifra preliminar cercana a los 90 millones de pesos. El relevamiento comunal constató roturas en veredas, luminarias, canteros, mobiliario urbano y áreas verdes en la Plaza de los Dos Congresos y sus arterias adyacentes, pruebas que serán incorporadas a la causa penal para determinar las responsabilidades civiles y penales de los imputados.
