En el marco de la reciente discusión legislativa, el Poder Ejecutivo ha impulsado una serie de modificaciones a la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares y del Entorno Periglacial. El proyecto busca redefinir los alcances de la protección ambiental con el objetivo de compatibilizar la preservación de los recursos hídricos con el desarrollo de actividades productivas, principalmente en el sector minero.
A continuación, se detallan los ejes centrales de la reforma:
1. Redefinición del Objeto de Protección
Uno de los cambios más significativos radica en la definición de qué se considera un «glaciar» protegido. La nueva normativa busca precisar los criterios técnicos para que un cuerpo de hielo sea alcanzado por la ley, exigiendo que estos cumplan con:
- Una persistencia mínima de dos años.
- Una dimensión mínima que justifique su función como reserva hídrica relevante.
2. El Ecosistema Periglacial
La reforma introduce criterios más específicos para el área periglacial (suelos congelados que rodean al glaciar). A diferencia de la ley anterior, la protección se centraría en aquellas zonas que actúan efectivamente como reguladores del recurso hídrico en la cuenca, permitiendo potencialmente la actividad en áreas que, aunque congeladas, no aportan flujo de agua significativo a los ríos.
3. El Rol del Inventario Nacional de Glaciares
Se ratifica la importancia del Inventario Nacional de Glaciares, coordinado por el IANIGLA, pero se establece que las restricciones de actividad solo serán aplicables sobre los cuerpos de hielo efectivamente relevados y validados en dicho inventario.
4. Autorizaciones y Actividades Permitidas
El nuevo texto legal propone un marco donde ciertas actividades económicas podrían realizarse en el entorno periglacial, siempre y cuando cuenten con evaluaciones de impacto ambiental rigurosas que demuestren que no se afecta la función hídrica del ecosistema.
Impacto en el sector: Mientras que sectores industriales ven en esta reforma una oportunidad para destrabar inversiones mineras de gran escala, diversas organizaciones ambientales advierten sobre los riesgos de retroceso en los estándares de protección de fuentes de agua dulce frente al cambio climático.
