En un paso procesal formal, la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dio por concluido su rol en el litigio por la expropiación de YPF. Mediante una nueva resolución, la magistrada anuló su propia sentencia condenatoria de 2023 contra la República Argentina y cerró de manera definitiva la primera instancia del expediente. Con esta medida, el destino del multimillonario pleito queda supeditado exclusivamente a lo que determine la Corte Suprema de los Estados Unidos.
La decisión de Preska responde al cumplimiento del fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que el pasado 27 de marzo de 2026 revocó la condena que obligaba al país a pagar más de USD 16.000 millones (que con intereses trepaba a más de USD 18.000 millones). En aquella oportunidad, con los votos de los jueces Denny Chin y Beth Robinson y la disidencia de José Cabranes, el tribunal de segunda instancia consideró que Preska había interpretado erróneamente el derecho argentino al considerar que el estatuto corporativo habilitaba un reclamo por daños e interfería con la ley local de expropiación. Posteriormente, en junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó el pedido de Burford Capital de revisar dicha resolución en instancia en banc.
Un trámite formal y la última carta de Burford Capital
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que la resolución de Preska era un paso administrativo esperado y descontado desde marzo, aclarando que no implica el fin total del conflicto judicial, ya que resta conocer la postura del máximo tribunal estadounidense frente a la apelación presentada a comienzos de octubre por el fondo Burford Capital.
Los demandantes —que financiaron el reclamo adquiriendo los derechos de quiebra de las sociedades Petersen y Eton Park tras la expropiación de 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner— calificaron la revocación de la condena como gravemente errónea y acusaron al tribunal de alzada de apartarse de la jurisprudencia previa.
Sin embargo, las posibilidades de que la causa avance en Washington son acotadas: la Corte Suprema estadounidense opera mediante el recurso discrecional de certiorari, donde anualmente recibe entre 7.000 y 8.000 presentaciones y apenas admite a trámite cerca de 80. Al no existir plazos legales obligatorios para resolver, la definición temporal continúa abierta. En paralelo, y ante el revés en la justicia ordinaria de Nueva York, Burford ya abrió una vía complementaria al iniciar acciones en representación de las sociedades Petersen ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Fuente: Infobae.
