Tres efectivos de la Unidad Motorizada N°2 de la Policía de San Juan quedaron a las puertas de la prisión tras formalizarse la elevación a juicio de una causa que expone violencia institucional y un posterior armado de pruebas falsas. La jueza de Garantías Carolina Parra dio curso a la acusación formulada por el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, quienes solicitaron 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación especial para los cabos Diego Antonio Díaz y Leandro Emanuel Paredes, y el agente Fernando Antonio Aballay.
Los tres uniformados están imputados como coautores de apremios ilegales, lesiones graves, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El hecho ocurrió la tarde del 19 de agosto de 2024 en Rawson, cuando los policías interceptaron a Claudio Gastón Ochoa Capdevila (20 años, quien padece retraso madurativo leve y epilepsia) creyendo que la bicicleta en la que iba a comprar galletas era robada, rodado que en realidad su madre había ganado en un sorteo por el Día de las Infancias. El joven se asustó, cayó a la vereda y en el piso fue esposado y salvajemente golpeado con una patada en el rostro que le produjo doble fractura de mandíbula. Cuando su madre intervino para explicar el origen de la bicicleta, también fue detenida.
El audio de WhatsApp y la maniobra de encubrimiento
Al constatar en el hospital que el joven presentaba una severa fractura ósea, los policías desplegaron una maniobra para tapar el ataque:
- El mensaje clave: En el peritaje celular, la fiscalía recuperó un audio donde el cabo Díaz ordenó a sus compañeros: «No mirá, cambiemos el acta, porque esto trae… dice que tiene una fisura en la mandíbula».
- Pruebas plantadas y actas truchas: Inventaron que la víctima los atacó con una navaja (arma que plantaron en el procedimiento), denunciaron falsamente al joven en la Comisaría 6ta por resistencia a la autoridad y alegaron que vecinos del lugar lo habían linchado, versión desmentida categóricamente por los propios testigos del barrio.
- Firmas falsificadas: Una pericia caligráfica comprobó que el cabo Paredes falsificó la firma de Díaz en la documentación oficial para cerrar el relato.
Debido a que las lesiones le demandaron 120 días de incapacidad médica, una intervención quirúrgica con colocación de tornillos y estrés postraumático severo, la fiscalía descartó cualquier eximente y solicitó condena efectiva. La Oficina Judicial deberá fijar la fecha del debate oral, que estará a cargo de un tribunal unipersonal.
