La Cámara de Diputados de San Juan aprobó una modificación clave a la ley 1810-A, permitiendo que el Gobierno provincial remate mediante subasta pública aquellos vehículos —autos, camionetas y motos— secuestrados en depósitos judiciales que aún estén aptos para circular o que puedan ser aprovechados para la comercialización de autopartes. Hasta el momento, todas las unidades retenidas que perdían el dominio estatal eran destinadas de forma obligatoria a la compactación y venta por kilo de metal.
La iniciativa, explicada en el recinto por el legislador Juan de la Cruz Córdoba, persigue un doble objetivo: descomprimir los saturados predios de custodia judicial y captar un valor económico sensiblemente superior al precio de la chatarra. La clasificación técnica de los rodados quedará sujeta a los dictámenes e inspecciones previas de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, organismos que determinarán cuáles unidades conservan condiciones mecánicas de transitabilidad y cuáles deberán continuar bajo la prensa hidráulica para su desguace definitivo.
Financiamiento social y control de los fondos
Los recursos extraordinarios que se recauden a través de los remates públicos y la chatarra tendrán asignación específica por ley. El texto legal estipula que los fondos serán derivados al financiamiento de proyectos de infraestructura social, sanitaria, educativa y ambiental, tanto en la órbita provincial como en los municipios, además de subsidiar programas de asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad. Una vez promulgada por el Poder Ejecutivo, la reglamentación fijará las pautas de transparencia de los remates, mientras que el Ministerio de Gobierno tendrá a su cargo la publicación de una rendición anual de cuentas sobre el destino del dinero obtenido.
