La Corte Suprema de Justicia de la Nación propinó un doble revés judicial a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia. A través de resoluciones firmadas por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la maniobra legal que buscaba concentrar las causas por presunta administración fraudulenta y lavado de activos en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, y ratificó de forma contundente la plena competencia de la Inspección General de Justicia (IGJ) para fiscalizar y veedurizar a la entidad madre del fútbol nacional.
En el plano estrictamente penal, el alto tribunal desarticuló la pretensión de llevar a los tribunales de Campana las pesquisas que investigan maniobras de lavado de dinero y defraudación que involucran a la cúpula dirigencial y al empresario Javier Faroni. En consecuencia, el expediente principal impulsado por Guillermo Tofoni (titular de la firma World Eleven) permanecerá radicado en la Ciudad de Buenos Aires bajo la instrucción de la jueza Paula Petazzi. A esto se sumó otra resolución de competencia que determinó que una denuncia por presunto balance falso contra las autoridades de la AFA debe tramitarse en la justicia ordinaria junto a la defraudación, impidiendo la dispersión o el agrupamiento a conveniencia procesal.
En el fuero civil e institucional, el fallo anuló por «arbitraria» la sentencia previa de la Sala D de la Cámara Civil que avalaba la mudanza de sede social de la AFA hacia la provincia de Buenos Aires para eludir la fiscalización porteña tras irregularidades detectadas en su domicilio declarado en Pilar. La Corte dictaminó que ningún cambio de jurisdicción puede surtir efecto sin la previa cancelación de la matrícula originaria, por lo que la IGJ mantiene intacto su poder de policía y la veeduría administrativa por 180 días hábiles dispuesta por el Ministerio de Justicia de la Nación.
