La controversia desatada en torno al sector exclusivo instalado durante la misa del papa León XIV en el barrio porteño de Palermo llegó de manera formal al Congreso de la Nación. A través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, la oposición intimó a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno a rendir cuentas detalladas sobre los criterios de acreditación al área preferencial, la nómina de invitados y las millonarias contrataciones directas adjudicadas sin licitación para la logística del evento.
Famosos con catering, periodistas afuera y el faltazo de Villarruel
La presentación legislativa, impulsada por el diputado santafesino Esteban Paulón, se originó tras la difusión de imágenes que mostraron una carpa preferencial en inmediaciones del Monumento a los Españoles dotada de servicio de catering y la concurrencia de figuras de la farándula como Carolina «Pampita» Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza. De acuerdo con los datos que trascendieron, la administración porteña dispuso de 250 lugares para funcionarios y allegados, mientras que el resto de las autorizaciones dependió de Nación y la Iglesia.
El legislador cuestionó con dureza que se habilitaran comodidades exclusivas mientras trabajadores de prensa acreditados quedaron al margen de las coberturas, argumentando que las autoridades distorsionaron el espíritu pastoral de la visita. Asimismo, el requerimiento solicita esclarecer por qué altas figuras del Ejecutivo no contaron con acceso, poniendo especial énfasis en la situación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó de forma pública que nunca le enviaron el código QR reglamentario para ingresar a la celebración.
Contrataciones directas bajo sospecha y reclamo de auditoría
El eje económico de la presentación apunta a contrataciones del Estado por un monto global de $8.690 millones canalizadas mediante el proceso 79-0012-CD126 para el montaje de la misa y la vigilia. La adjudicación recayó en la empresa DF Entertainment bajo el régimen de urgencia, una figura que el arco opositor consideró injustificada tratándose de un acontecimiento internacional confirmado con meses de antelación. En ese marco, se solicitó indagar un potencial conflicto de intereses dado que la firma adjudicataria integra el grupo operador del estadio Luna Park, históricamente ligado al Arzobispado de Buenos Aires.
El pedido de auditoría parlamentaria abarca además a los expedientes conexos 79-0010-CD126, 79-0011-CD126, 79-0013-CDI26, 79-0015-CD126 y 79-0016-CD126, exigiendo la individualización de oferentes y los fundamentos técnicos para esquivar los mecanismos de compulsa pública. La iniciativa conmina al Ejecutivo a certificar el origen exacto de los fondos destinados a carpas, sanitarios, seguridad privada y catering, determinando las proporciones solventadas por el Tesoro Nacional, el gobierno porteño, la curia o patrocinadores privados, verificando el cumplimiento estricto de la Ley de Ética Pública (N° 25.188) y el Decreto 1179/2016.







