La senadora nacional y jefa del bloque de LLA (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich, cuestionó con dureza este miércoles al régimen de Teherán luego de que la Cancillería iraní declarara como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea de la República Argentina. La legisladora oficialista respaldó la política exterior de la Casa Rosada, reivindicó las investigaciones judiciales sobre los ataques perpetrados en Buenos Aires y apuntó de lleno contra las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades persas.
Duras acusaciones contra Teherán y advertencias diplomáticas A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales oficiales, Bullrich fijó posición frente a la resolución adoptada por la República Islámica: “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”. Acto seguido, la parlamentaria remarcó los crímenes atribuidos al régimen de Medio Oriente: “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’, además de homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos”. La medida iraní, catalogada por Teherán como una respuesta ante un “acto hostil” bajo una legislación sancionada en 2019, incluyó una advertencia formal al sostener que “el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta medida”, aunque sin precisar sanciones operativas y excluyendo del listado al Ejército Argentino.
El origen de la tensión bilateral y la causa AMIA La resolución de la Cancillería iraní se produjo como represalia directa a la disposición del Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei, que mediante una resolución conjunta de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores incorporó al RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento) a las Fuerzas Quds y al CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica). Los informes oficiales respaldaron dicha sanción sobre la base de actividades ilícitas transnacionales y la comprobada autoría intelectual en los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 (con un saldo de 29 víctimas fatales) y la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en 1994 (que causó 85 muertos), causas en las cuales la Justicia argentina determinó la responsabilidad de altos mandos de Teherán y del brazo armado de la organización libanesa Hezbollah. La determinación de la administración nacional convalidó una línea política similar a la adoptada por Estados Unidos en 2019 y la Unión Europea a principios de 2026.








