El presidente de CAPRIMSA advirtió que la letra chica del nuevo régimen de inversiones será clave para el futuro de las pymes locales. Exige que la ley garantice un piso de contratación del 75% al 80% para evitar que las operadoras traigan empresas de otras provincias.
La postura firme de Godoy
Como referente de los prestadores de servicios mineros, Fernando Godoy ha tomado una posición pública contundente frente al proyecto de «alambrado» provincial. Su preocupación radica en que el fomento de grandes inversiones, bajo el paraguas del RIGI nacional, no se traduzca simplemente en beneficios para las multinacionales, sino que impacte directamente en la economía real de San Juan.
Godoy sostiene que la experiencia acumulada por las empresas locales en las últimas décadas las hace capaces de afrontar los desafíos de los grandes proyectos (como Josemaría o Los Azules), pero para ello necesitan un marco legal que las respalde frente a la competencia de empresas foráneas que suelen llegar de la mano de las operadoras.
Los ejes de la exigencia de CAPRIMSA
Bajo la conducción de Godoy, la cámara ha planteado puntos específicos para la redacción de la ley:
- Blindaje del 80%: Godoy insiste en que el porcentaje de contratación local no debe ser una expresión de deseos, sino una obligación legal. «Si no hay un número fijo, el derrame queda en el aire», ha manifestado en reuniones con legisladores.
- Control de la «falsa radicación»: Uno de los temores de Godoy es que empresas de otras provincias abran un «galpón vacío» o una oficina comercial en San Juan solo para facturar como locales. Propone que la certificación de empresa sanjuanina sea rigurosa y verificable.
- Competitividad y capacitación: Aunque pide protección, Godoy también reconoce que los proveedores deben estar a la altura. Por eso, promueve que la ley incluya incentivos para que las pymes locales inviertan en tecnología y cumplan con los estándares internacionales que exige la gran minería.
El rol de interlocutor
Fernando Godoy se ha convertido en el principal interlocutor entre el sector privado y la Cámara de Diputados en este tema. Su objetivo es evitar que se repitan esquemas de proyectos anteriores donde, según la visión de los proveedores, gran parte de la renta se escapó de la provincia.
Para el titular de CAPRIMSA, el éxito de la minería en San Juan se medirá por la cantidad de empleos de calidad y el fortalecimiento de las pymes locales. La «batalla» por la letra chica de la ley es, para Godoy, la oportunidad histórica de consolidar definitivamente a la provincia como un polo de servicios mineros para toda la región.
