La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín ratificó la responsabilidad civil de un médico y de un municipio del oeste del Gran Buenos Aires luego de que una paciente permaneciera 83 días con un cuerpo extraño olvidado en su cavidad abdominal tras someterse a una cesárea. El tribunal confirmó una indemnización total de $9.919.200 por daños físicos, morales y psicológicos, aunque modificó el esquema de actualización de intereses dispuesto en primera instancia.
El calvario tras el parto y el hallazgo en otro centro de salud
El caso se inició a partir de la demanda de una mujer que, el 6 de julio de 2018 —cuando tenía 35 años y cursaba 36 semanas de embarazo—, ingresó a un hospital municipal para dar a luz mediante una cesárea y realizarse una ligadura de trompas. Tras permanecer internada varios días bajo la atención del profesional demandado, recibió el alta médica el 11 de julio.
Según expuso la damnificada en su presentación judicial, poco después de abandonar el establecimiento comenzó a padecer dolores abdominales intensos, cuadros febriles y serias dificultades para caminar o permanecer de pie. A pesar de haber regresado en reiteradas oportunidades al hospital municipal para consultar por los síntomas, allí le habrían indicado que las molestias formaban parte de la recuperación habitual de la cirugía y le habrían recetado únicamente antiinflamatorios.
Con el correr de las semanas, el cuadro clínico se agravó al punto de impedirle cuidar a sus hijos y realizar tareas cotidianas. El 26 de septiembre de 2018 volvió al hospital comunal, donde un médico clínico ordenó estudios ante la sospecha de una infección y la derivó a otro centro asistencial por falta de tomógrafo. Al día siguiente, el 27 de septiembre, fue sometida a una laparotomía exploradora en el segundo hospital: los cirujanos hallaron un absceso entre asas intestinales y extrajeron un cuerpo extraño de la cavidad abdominal —que la paciente atribuyó a una compresa quirúrgica olvidada en la cesárea—, tras lo cual practicaron un lavado y drenaje hasta darle el alta el 1 de octubre.
Los fundamentos de la Cámara y el cálculo de la indemnización
En septiembre de 2025, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.° 1 de Morón había condenado de manera solidaria al médico y al municipio —extendiendo el fallo a la aseguradora dentro de los límites de su póliza— tras advertir que el hallazgo contradecía la historia clínica, donde se había asentado un «conteo satisfactorio de gasas». Al revisar las apelaciones, los camaristas rechazaron el argumento del cirujano, quien sostenía que el recuento de material era una tarea compartida con la instrumentadora y el personal circulante; el tribunal remarcó que la participación de otros integrantes del equipo no exime de responsabilidad al profesional que dirige la operación y ordena el cierre de la cavidad.
Asimismo, el fallo descartó que el olvido de gasas o compresas pueda considerarse una contingencia inevitable cubierta por el consentimiento informado, aclarando que dicho documento abarca riesgos propios de una práctica diligente, pero nunca la omisión de protocolos básicos de seguridad. En cuanto al Estado local, la Cámara precisó que el municipio responde de forma directa y objetiva por la deficiente prestación del servicio público de salud.
De este modo, quedaron firmes los tres rubros indemnizatorios fijados en primera instancia: $3.000.000 por daño físico, $2.500.000 por daño moral y $4.419.200 por daño psicológico (incluyendo incapacidad y tratamiento). No obstante, la Cámara dejó sin efecto la actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y estableció un interés puro del 6 % anual desde el 6 de julio de 2018 hasta la sentencia de alzada, aplicándose luego la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires a 30 días hasta el efectivo pago. En tanto, el tope original de $600.000 de la aseguradora será actualizado mediante la tasa activa del mismo banco, además de su participación proporcional en intereses y costas.
Gentileza: Infobae.







