En medio de una relación institucional marcada por reiteradas tensiones políticas, la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, obtuvo un respaldo unánime por parte del Concejo Deliberante para avanzar con la recategorización de 256 empleados municipales de planta permanente. Los diez ediles que integran el cuerpo legislativo acompañaron el proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo comunal, que busca actualizar la situación escalafonaria de los trabajadores tras cuatro años sin una medida de estas características.
La iniciativa, cuya última aplicación similar se remontaba a 2022, contempla la antigüedad, las responsabilidades asumidas y la trayectoria dentro de la administración municipal. Previo a su envío al recinto, el Ejecutivo mantuvo instancias de diálogo con representantes de los gremios SUOEM y UPCN para consensuar los alcances de la actualización, que alcanzará a agentes de áreas como administración, servicios, obras, mantenimiento y atención al público. Con la aprobación legislativa ya formalizada, la comuna deberá iniciar ahora los trámites administrativos correspondientes para efectivizar los ascensos de categoría, aun en un contexto financiero complejo en el que el municipio continúa operando con un presupuesto prorrogado.
Una tregua legislativa en medio de una relación tensa
El acompañamiento unánime resultó llamativo debido al historial de enfrentamientos que vienen protagonizando la jefa comunal y el Concejo Deliberante, donde tiene fuerte incidencia el sector que responde al exintendente Fabián Gramajo.
Uno de los mayores cortocircuitos se había registrado a fines de 2025, cuando los concejales aprobaron el Presupuesto 2026 con una modificación que elevaba del 4 % al 11,7 % la partida de recursos destinada al propio Poder Legislativo; en aquella oportunidad, Rodríguez vetó la norma y el cuerpo no reunió los votos necesarios para insistir. Posteriormente, en septiembre de este año, se produjo otro cruce cuando los ediles modificaron el Reglamento Interno para eliminar el requisito de tres años de antigüedad profesional en la Asesoría Contable —habilitando así la designación de la contadora Karen Uriza, con alrededor de un año y medio de graduada—, ordenanza que también fue vetada por la intendenta al considerar que vulneraba disposiciones de la Carta Orgánica municipal.








