El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan avanza en una firme política de fiscalización y ordenamiento habitacional, concretando en las últimas horas la revocación y quita de ocho viviendas que presentaban diversas irregularidades en su adjudicación y ocupación. Paralelamente, desde el organismo provincial confirmaron un endurecimiento en los mecanismos de control para combatir los altos índices de morosidad en el pago de las cuotas mensuales.
La medida surge a partir de los relevamientos territoriales, inspecciones sociales y cruces de datos administrativos llevados a cabo por los equipos técnicos de la repartición. Durante estas auditorías, se detectaron incumplimientos graves a las normativas vigentes del sistema habitacional público, entre las que sobresalen la falta de ocupación efectiva por parte de los adjudicatarios originales, cesiones no autorizadas a terceros o el uso indebido de los inmuebles destinados a vivienda única familiar.
Foco en la morosidad y recuperación del fondo habitacionalJunto con los desalojos y las revocaciones administrativas, las autoridades del IPV remarcaron la necesidad de sanear las cuentas de la institución para garantizar la continuidad de la obra pública en toda la provincia. En este sentido, se puso en marcha un esquema de intimaciones formales y seguimiento estricto para aquellos titulares que registran atrasos prolongados sin haber adherido a planes de regularización de deuda.
Desde el organismo enfatizaron que el recupero financiero a través del cobro de las cuotas resulta indispensable para retroalimentar el sistema y financiar la construcción de nuevos complejos habitacionales destinados a las familias sanjuaninas que aguardan en el padrón oficial. Los inmuebles recuperados tras estas auditorías serán reasignados siguiendo el estricto orden de mérito y criterios de vulnerabilidad social establecidos por la normativa provincial.








