Tres meses de debate, casi 40 testigos y escenas insólitas Tras más de tres meses de debate oral y 20 audiencias celebradas por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 cuando originalmente estaban previstas apenas once—, el juicio contra Cristian «Pity» Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz (ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano) ingresó en su etapa definitiva de cara al veredicto del próximo 20 de noviembre. A lo largo de las jornadas, por las que pasaron cerca de 40 testigos, el proceso estuvo marcado por episodios insólitos: desde el músico durmiendo y roncando frente al presidente del tribunal, Gustavo Goerner, hasta el reparto de estampitas de San Francisco de Asís, un cambio completo de defensores que multiplicó los pedidos de suspensión y recusación, el traslado en ambulancia al Hospital Fernández por hipertensión e hiperglucemia, un intento de fuga del Hospital Tornú y su posterior internación involuntaria en una clínica psiquiátrica de Castelar.
Declaración de cuatro horas, polémica en tribunales y los alegatos finales El pasado 2 de noviembre, Álvarez regresó desde su internación para declarar durante casi cuatro horas: admitió haber disparado contra Díaz pero sostuvo que actuó porque se sintió «acorralado» y pidió perdón a la familia («No pensé, me transformé»). Sin embargo, la jornada derivó en una investigación paralela luego de que un examen médico arrojara resultado positivo de cocaína tras haber permanecido en el edificio judicial. Concluida la etapa testimonial —que incluyó el emotivo relato de Jacqueline Guzzardi reclamando justicia por la víctima—, las partes expusieron sus pedidos finales:
- La Fiscalía: El fiscal Sandro Abraldes solicitó 18 años y seis meses de prisión, rechazó la hipótesis de legítima defensa al sostener que «jugó a ser Dios» y pidió su detención efectiva una vez finalizada la internación psiquiátrica.
- La querella: Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, en representación de la familia de Díaz, pidieron una condena de 11 años y dos meses de cárcel, dejando abierta la posibilidad de cumplirla bajo arresto domiciliario con salidas laborales.
- La defensa: El abogado Javier Baños solicitó la absolución del exlíder de Viejas Locas e Intoxicados al argumentar que reaccionó en legítima defensa ante una agresión ilegítima que le impedía retirarse del lugar.
(Fuente: Infobae)








