El exgobernador de San Juan José Luis Gioja pasó por los estudios de Radio Colón y dejó fuertes definiciones sobre el rumbo de la política minera nacional y provincial en el ciclo Ecosistema Minero, conducido por Gustavo Martínez. Con una mirada crítica sobre la actual gestión, cuestionó la constitucionalidad del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), apuntó contra el acta acuerdo firmada entre la provincia y el proyecto Vicuña (integrado por BHP y Lundin) y reclamó controles estrictos para garantizar el compre local y el agregado de valor en territorio sanjuanino.
Cuestionamiento al RIGI y la defensa de los recursos provinciales
Durante la entrevista, Gioja sostuvo que el RIGI avanza sobre facultades originarias de las provincias establecidas en la Constitución Nacional, advirtiendo que las normas de fomento deben fijarse a nivel local para resguardar el desarrollo de los proveedores sanjuaninos. En ese sentido, recordó los controles presenciales que realizaba su gestión en los campamentos de alta montaña para verificar la contratación de mano de obra local y cuestionó la falta de participación activa del Gobierno provincial en ámbitos clave, como las mesas binacionales del Tratado de Integración Minera con Chile.
Asimismo, repasó el esquema implementado tras la puesta en marcha de Veladero y Gualcamayo en 2005, cuando se acordó liquidar las regalías sobre facturación —y no en boca de mina— y se creó el fondo fiduciario del 1,5% adicional destinado a obras departamentales en Jáchal e Iglesia cuando el precio internacional del oro superó los 1.000 dólares la onza.
Fuerte rechazo al acuerdo con Vicuña: «San Juan se pierde miles de millones»
Uno de los tramos más contundentes de la charla estuvo dirigido al acuerdo rubricado por la provincia con la empresa Vicuña. Gioja calificó el entendimiento como perjudicial para los intereses de San Juan y rechazó que el aporte de 250 millones de dólares compense las concesiones fiscales otorgadas:
- Alcance extendido y regalías fijas: Advirtió que el convenio no abarca únicamente a Josemaría y Filo del Sol, sino a los 51 proyectos que posee el consorcio en la región —incluido Lunahuasi—, fijando una regalía tope del 3% durante 71 años en lugar de escalar al 5% o aplicar aportes extraordinarios ante la suba internacional de los metales. Según estimaciones citadas por el exmandatario, la provincia resignará entre 6.000 y 7.000 millones de dólares a lo largo de la vida útil de los yacimientos, además de eximir el 1,5% durante los primeros cinco años.
- Obras a cargo de la provincia: Señaló que compromisos vinculados a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) —como obras hidráulicas en Jáchal e Iglesia, la forestación de 10.000 árboles y proyectos de energías limpias— terminarán siendo ejecutados con recursos provinciales, a lo que sumó el uso exclusivo de la línea eléctrica de 500 kV San Juan-Rodeo.
- Riesgo para la licencia social: Alertó que este esquema sentará un precedente para otros megaproyectos como Los Azules y advirtió que la falta de equidad en el reparto de la renta minera erosiona la licencia social, a la que definió como «un hilo delgado que hay que alimentar todos los días con hechos y participación».
Compre local, valor agregado y el rol estratégico del Estado
De cara a la etapa del cobre, Gioja reclamó que el Estado provincial ejerza un rol activo para evitar que las operadoras importen insumos o campamentos desde el exterior cuando existe capacidad fabril instalada en San Juan, e instó a acompañar a las pymes locales para que alcancen las certificaciones exigidas sin quedar relegadas frente a firmas de otras provincias.
Finalmente, reivindicó la necesidad de administrar con prudencia las expectativas laborales de la población —«anunciar empleo cuando todavía no está es como contar plata delante de los pobres», graficó—, defendió la industrialización en origen para producir láminas y cables de cobre en la provincia, lamentó la paralización del Túnel de Agua Negra pese a haber contado con financiamiento del BID y propuso recuperar herramientas estatales de exploración a través de una división minera de YPF, tomando como referencia el modelo chileno de Codelco y ENAMI.








