A pocos días de que pierda estado parlamentario la media sanción vigente sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, el senador nacional por Chaco Jorge Capitanich ingresó en la Cámara Alta un nuevo proyecto de ley para establecer un régimen estricto de control sobre el juego digital. Según se informó, la iniciativa surgió tras los pronunciamientos del Papa León XIV durante su visita a la Argentina y busca abordar el juego patológico desde una perspectiva de salud pública, prohibiendo de manera integral la publicidad, el patrocinio y el auspicio de las casas de apuestas en todos los ámbitos, además de bloquear el acceso de niños, niñas y adolescentes.
Tope de conexión, validación de identidad y restricciones en los medios de pago En el plano operativo, la propuesta fija exigencias técnicas y financieras para las plataformas que operen en el país:
- Dominio obligatorio: La explotación de juegos de azar virtuales únicamente podrá realizarse a través de sitios registrados bajo el dominio
.bet.ar. - Autenticación constante: Los operadores deberán verificar la identidad y la mayoría de edad (18 años) tanto al iniciar cada sesión como al momento de concretar cada apuesta.
- Límite horario y autoexclusión: Cada usuario podrá tener una sola cuenta por plataforma y permanecer conectado un máximo de dos horas por día, activándose un bloqueo automático hasta la jornada siguiente, junto con alertas, topes de depósito y botones de autoexclusión.
- Prohibición de endeudamiento: Queda vedado el uso de tarjetas de crédito, instrumentos que impliquen endeudamiento futuro, tarjetas vinculadas a planes sociales o prestaciones previsionales, dinero en efectivo y billeteras virtuales no autorizadas por el BCRA (Banco Central de la República Argentina).
Nuevo impuesto federal, multas en UVA y penas de cárcel El articulado crea además un impuesto indirecto sobre las apuestas en plataformas digitales cuya recaudación se destinará en un 100% a políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo coparticiparse al menos el 20% de esos fondos con los municipios. Para asegurar el cumplimiento de la ley, se establecen sanciones administrativas —apercibimientos, multas de entre 25.000 y 100.000 UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) y revocación definitiva de licencias— y penas penales de 3 a 6 años de prisión para quienes exploten o financien apuestas clandestinas, elevándose el mínimo a 4 años de cárcel si se permite o promueve el ingreso de menores de edad, incluso en sitios habilitados. En los fundamentos, Capitanich citó un informe de UNICEF Argentina de 2025 según el cual 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ingresó a sitios de apuestas online durante el último año.








