La inteligencia de Estados Unidos detectó indicios concretos de que Irán elabora planes para detonar una “bomba sucia” (dispositivo radiactivo) o emplear un arma química en Washington contra altos funcionarios de la administración de Donald Trump. Si bien siete fuentes oficiales citadas por la cadena CNN aclararon que no hay señales de una ejecución inmediata, advirtieron que la información recabada incluye blancos y ubicaciones específicas, lo que motivó reuniones de emergencia y planes de contingencia dentro de la Casa Blanca.
De acuerdo con los reportes de seguridad nacional, la planificación iraní busca generar alternativas futuras en un contexto de extrema presión por las operaciones militares estadounidenses y el bloqueo económico vigente. Aunque la vocera presidencial Lauren Bis sostuvo oficialmente que “por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”, la gravedad de las alertas llevó al Servicio Secreto a trasladar la semana pasada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, hacia una vivienda militar para reforzar su custodia.
Materiales ocultos y el vacío legal en la vigilancia
Los especialistas detallaron que una bomba sucia —que combina explosivos convencionales con material radiactivo— no produce una fisión nuclear, pero funciona como un “arma de terror” capaz de dispersar radiación peligrosa a lo largo de varias cuadras, enfermar gravemente a la población y volver inhabitables sectores enteros de la capital. En ese sentido, fuentes de inteligencia señalaron comunicaciones interceptadas que sugieren que Teherán ya habría preposicionado componentes químicos o nucleares dentro de territorio estadounidense años atrás.
A esta vulnerabilidad se suma un frente institucional crítico: en junio expiró una ley clave de vigilancia extranjera en medio de disputas entre el Ejecutivo y el Congreso. Por ello, el fiscal general Todd Blanche, el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton y el titular de la CIA John Ratcliffe enviaron una carta urgente a los líderes parlamentarios reclamando la renovación inmediata de la norma, advirtiendo que la demora pone en riesgo tanto a los ciudadanos en Estados Unidos como a las tropas desplegadas en Medio Oriente, donde también se monitorea la posibilidad de ataques químicos iraníes en medio de la escalada en el estrecho de Ormuz.








