La Cámara de Diputados de la Nación no logró reunir este miércoles 18 de noviembre el número reglamentario para iniciar la sesión especial convocada por el oficialismo, en la que se preveía debatir la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocida como Ley Malvinas— y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA (Banco Central de la República Argentina). A las 12 del mediodía, horario fijado por el presidente del cuerpo, Martín Menem, solo 126 legisladores se sentaron en sus bancas sobre los 129 necesarios para abrir el recinto, por lo que el encuentro quedó levantado tras la ausencia clave de los bloques Provincias Unidas y el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo).
El reclamo por biocombustibles y el Consejo de la Magistratura detrás del faltazo La caída de la convocatoria, planificada originalmente para extenderse durante unas 13 horas, sorprendió a la Casa Rosada, donde horas antes daban por asegurados los acuerdos para alcanzar la media sanción. En el recinto quedó expuesta la maniobra de Gisela Scaglia y otros integrantes de Provincias Unidas —espacio alineado con los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe—, quienes permanecieron de pie sin ocupar sus asientos mientras Menem intentaba alcanzar el quórum.
Desde la bancada provincial confirmaron que su postura respondió a dos exigencias sin resolver con el Poder Ejecutivo:
- Ley de Biocombustibles: El bloque reclama que avance el proyecto que modifica el régimen de corte y mezcla obligatoria de combustibles.
- Consejo de la Magistratura: Con 18 diputados propios, Provincias Unidas exige que el legislador Juan Brugge ocupe la silla correspondiente a la tercera minoría en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces, rechazando la posibilidad de que La Libertad Avanza acuerde con el PRO —que cuenta con 12 bancas— la designación de Florencia De Sensi en pleno recambio de autoridades.
Impacto en la estrategia por Malvinas y el resto del temario frustrado El fracaso de la sesión altera los tiempos del Gobierno nacional en torno a la Ley Malvinas, iniciativa que el oficialismo buscaba aprobar antes del pronunciamiento del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, previsto tentativamente para el próximo 28 de noviembre. Aunque el texto había incorporado modificaciones para sumar respaldo opositor —incluso con expectativas de acompañamiento parcial de Unión por la Patria—, persistían diferencias sobre el organismo coordinador de políticas estratégicas y los artículos penales vinculados con la injerencia extranjera y la libertad de expresión, además de las sanciones a empresas involucradas en la explotación ilegal de recursos en el archipiélago.
Junto con la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, también quedaron postergados otros puntos incluidos en el temario del día, entre ellos los acuerdos de transferencia de competencias judiciales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la AELC (Asociación Europea de Libre Comercio) y el MERCOSUR (Mercado Común del Sur), y la enmienda al Protocolo de Montevideo. Tras levantarse la sesión, el diputado libertario Lisandro Almirón apuntó contra el bloque cordobés y santafesino en sus redes sociales: “Son los responsables de que hoy no hayamos avanzado en la defensa de nuestra soberanía con la Ley Malvinas y no hayamos avanzado en la protección de un Banco Central independiente donde no puedan meter la mano los políticos. No juegan para el país, juegan para ellos mismos”.








