La causa judicial por el fallecimiento de Brisa Agustina Gallardo sumó una resolución determinante que modifica el encuadre normativo de la investigación. El Tribunal de Impugnación Penal de San Juan declaró inconstitucional e inaplicable, para este expediente, el artículo 41 inciso d) del Decreto Provincial 250-R/2006, normativa que otorgaba prioridad de paso a quienes circulaban por una avenida frente a quienes intentaban cruzarla. Los magistrados hicieron lugar parcialmente al planteo impulsado por la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, imputado por homicidio culposo tras el siniestro vial ocurrido el pasado 21 de agosto de 2026 en Capital.
Los fundamentos del fallo y la supremacía de la Ley Nacional de Tránsito El siniestro fatal se produjo en la intersección de calle Catamarca y avenida José Ignacio de la Roza, cuando Gallardo transitaba en motocicleta de oeste a este por la avenida y fue impactada por el Peugeot 3008 que conducía Argüello Medawar de sur a norte por Catamarca. Durante la audiencia de formalización celebrada el 4 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal le imputó al automovilista el delito de homicidio culposo (artículo 84 bis del Código Penal), sustentando la presunta imprudencia en no haber cedido el paso al atravesar una avenida conforme al decreto provincial.
Sin embargo, el abogado defensor José Beltrán Bengoa cuestionó la validez constitucional de esa disposición —citando incluso antecedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan como los fallos “Balmaceda”, “Espejo”, “Corzo”, “Aguiar Arévalo” y “Zalazar”— y sostuvo que debía regir la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece como principio general la prioridad de paso para quien circula por la derecha. Al resolver, el Tribunal coincidió en que San Juan adhirió íntegramente a la legislación nacional mediante la Ley Provincial 528-R y sostuvo que el Poder Ejecutivo excedió sus facultades reglamentarias al incorporar por decreto una excepción que solo podía modificarse mediante una ley formal sancionada por la Legislatura.
Cómo sigue la investigación y el rechazo a la retención de la licencia Desde el Tribunal aclararon expresamente que la declaración de inconstitucionalidad del decreto no implica el sobreseimiento del imputado ni el cierre del proceso penal, sino que habilita a la Fiscalía a readecuar la acusación bajo los parámetros de la Ley Nacional de Tránsito manteniendo vigente la formalización de la causa. En esa línea, la querella representada por la abogada Julieta Campillay Fernández solicitó que la pesquisa profundice sobre otras variables de la conducción del acusado, tales como la velocidad de circulación, la posibilidad de advertir la presencia de la moto, las maniobras de frenado y el cumplimiento del deber general de cuidado.
Finalmente, en otro tramo de la resolución, los jueces declararon inadmisible por extemporáneo un recurso presentado por la querella para solicitar la inhabilitación provisoria de Argüello Medawar y la retención de su licencia de conducir, debido a que la impugnación fue ingresada el 14 de septiembre, una vez vencido el plazo legal de tres días corridos desde la audiencia del 4 de septiembre.








