La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto este jueves 19 de noviembre, mediante un fallo unánime de 17 páginas, la resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que había asignado la competencia al Juzgado Federal de Campana y ordenó que la causa por la presunta compra irregular de una mansión en Pilar vinculada a la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) sea remitida al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo del magistrado Daniel Rafecas en Comodoro Py. La sentencia —firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— representa un fuerte revés judicial para el titular de la entidad rectora del fútbol argentino, el sanjuanino Claudio “Chiqui” Tapia, y para el tesorero Pablo Toviggino, ambos imputados en el expediente.
Al hacer lugar al recurso presentado por el fiscal general Mario Villar, el máximo tribunal consideró que el fallo de Casación configuró una “prístina y grosera violación a las reglas de competencia” con evidente apartamiento de las constancias de la causa y afectó la garantía del juez natural, motivo por el cual equiparó la resolución a una sentencia definitiva y apartó del expediente al magistrado de Campana, Adrián González Charvay.
Lavado de activos, una propiedad de 17 millones de dólares y una red internacional El expediente judicial se inició a partir de la adquisición de una lujosa propiedad ubicada en la localidad de Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, operación atribuida inicialmente a Luciana Pantano y Ana Conte a través de la firma Real Central SRL, aparentemente sin contar con capacidad económica suficiente para justificar la compra.
Sin embargo, los jueces de la Corte subrayaron que el objeto procesal excede la mera compra de esa finca y abarca una compleja investigación por presunto lavado de activos vinculada con la administración de recursos y supuesto desvío de fondos de la AFA. Entre las maniobras bajo sospecha se destacan:
- Entramado societario: Constitución y modificación de sociedades, cesión de participaciones, ampliaciones de capital y administración de personas jurídicas en distintas jurisdicciones.
- Bienes y circuitos financieros: Transferencias de fondos, compra de inmuebles, vehículos de alta gama y caballos, además de la presunta actuación de una red internacional de intermediarios que habría operado entre 2021 y 2025 para canalizar dinero fuera del circuito bancario argentino.
Los argumentos territoriales que fijaron la investigación en la Ciudad de Buenos Aires Para determinar que el expediente debe tramitar en los tribunales federales porteños y no en la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema enumeró los elementos objetivos que vinculan la presunta operatoria delictiva con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
- Sede de la AFA: Ubicada en la calle Viamonte 1366, lugar donde se habrían adoptado los actos de gobierno, disposición y administración de los fondos investigados.
- Domicilio societario y operación: La firma Real Central SRL tiene registrada su sede social en territorio porteño, donde además se celebró el contrato de compraventa del inmueble de Villa Rosa.
- Imputados y antecedentes: Los domicilios de las empresas y personas denunciadas se encuentran en la capital del país, criterio que además guarda coherencia con resoluciones recientes del máximo tribunal en otras causas que involucran a la AFA.







