La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, mediante los cuales se habían eliminado las facultades del Estado para revisar y fiscalizar los aumentos en las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata y dejó sin efecto las modificaciones que el decreto había introducido en la Ley 26.682.
A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud —dependiente del Ministerio de Salud de la Nación— deberá reasumir sus competencias legales para controlar los valores de los planes y garantizar que los incrementos sean razonables. No obstante, la Corte aclaró que el fallo no fija un porcentaje máximo ni ata las subas exclusivamente a la inflación —revocando en ese punto lo dispuesto por la Cámara de La Plata, que había ordenado limitar los ajustes al Índice de Precios al Consumidor (IPC)—, sino que establece que los aumentos deberán estar respaldados por “variaciones en la estructura de costos” y un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.
Qué modificaban los artículos anulados del DNU 70/2023 Con la entrada en vigencia del decreto presidencial, las empresas del sector habían quedado habilitadas para fijar libremente los precios de sus prestaciones —con una variación máxima de hasta tres veces entre la primera y la última franja etaria— al suprimirse dos herramientas clave de control establecidas en la Ley 26.682:
- Artículo 267 del DNU: Había derogado la potestad de la autoridad de aplicación de revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones propuestos por las entidades de medicina prepaga.
- Artículo 269 del DNU: Había modificado el artículo 17 de la ley vigente, eliminando la obligación estatal de fiscalizar la razonabilidad de las cuotas y autorizar los incrementos únicamente cuando estuvieran justificados técnica y actuarialmente.
Los argumentos constitucionales contra el uso del decreto En su sentencia, el máximo tribunal cuestionó que el Poder Ejecutivo no acreditara las circunstancias excepcionales exigidas por la Constitución Nacional para ejercer facultades legislativas, recordando la “rigurosa excepcionalidad” que debe regir para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Los magistrados señalaron que las menciones genéricas a una “crisis del sistema de salud” o a la necesidad de fomentar la competitividad no justifican evitar el trámite normal de una ley: “No surge de sus términos ninguna explicación de por qué la eliminación de dichas potestades resulta necesaria y urgente para paliar la alegada ‘crisis económica y social del país’”, sostuvieron.
Asimismo, los jueces remarcaron que las atribuciones suprimidas pertenecían a un organismo del propio Poder Ejecutivo, por lo que el Gobierno contaba con herramientas administrativas para imprimir su criterio regulatorio sin recurrir a un decreto. “Cabe descartar de plano criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son”, advirtieron, concluyendo que la Constitución “no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”.
El origen judicial del expediente La causa llegó al máximo tribunal a partir de los recursos interpuestos por Swiss Medical y el Estado Nacional frente a la demanda iniciada por una mujer afiliada a dicha prepaga. La usuaria había cuestionado los aumentos aplicados a su plan entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, período en el que su cuota se incrementó un 110%, frente al 6,26% que habría correspondido para enero de 2024 de haberse aplicado una resolución previa del Ministerio de Salud.








