La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves 19 de noviembre al Poder Ejecutivo Nacional hacer pública la información sobre los resultados correspondientes a todos los establecimientos educativos de la provincia de Salta que participaron de los Operativos Aprender y Enseñar realizados en 2016 y 2017. Al hacer lugar a la acción de amparo promovida por un ciudadano, el máximo tribunal fijó un precedente clave en materia de transparencia educativa: “La información pertenece a las personas: no es propiedad estatal y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno”.
El fallo llevó las firmas mayoritarias de los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Carlos Vallefín (La Plata) y Juan Perozziello Vizier (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal), mientras que el juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia por rechazar el planteo.
El origen del reclamo y la oposición del Estado Nacional La causa se inició en 2019, cuando Rafael Aurelio Argañaraz Olivero presentó una acción de amparo de acceso a la información pública contra el entonces Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación para obtener la totalidad de los reportes de resultados desagregados por institución educativa en Salta. En aquella oportunidad, la Secretaría de Evaluación Educativa denegó la entrega alegando confidencialidad y ofreció únicamente datos agrupados a nivel municipal.
Durante el proceso judicial, el Estado Nacional insistió en que divulgar los datos por escuela permitiría elaborar rankings y generar estigmatización sobre alumnos, docentes y directivos según su condición socioeconómica, migrante o indígena, además de sostener que afectaría investigaciones estadísticas. Si bien el planteo fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de Salta revocó esa decisión y ordenó entregar los informes sin revelar datos personales de estudiantes ni docentes, sentencia que fue apelada por el Ejecutivo y finalmente confirmada por la Corte Suprema.

Control democrático e igualdad real de oportunidades En los fundamentos del voto mayoritario, los magistrados remarcaron que el acceso a la información en poder del Estado permite a la ciudadanía conocer el desempeño de sus gobernantes y verificar el cumplimiento de mandatos constitucionales. Entre los argumentos centrales de la sentencia se destacan:
- Interés público ineludible: La Corte sostuvo que la desagregación por establecimiento “persigue un interés público de particular trascendencia, cuyo control democrático parece ineludible” y afirmó que “hacer pública la información requerida apunta a efectivizar la ‘igualdad real de oportunidades’ antes que a estigmatizar alumnos y docentes”.
- Evaluación de políticas educativas: Acceder a esos reportes permite comprobar si el Estado Nacional garantiza efectivamente el derecho constitucional de los pueblos originarios a una educación bilingüe e intercultural y asegura aprendizajes de calidad con independencia del origen social, la radicación geográfica, el género o la identidad cultural.
- Resguardo de la intimidad: El tribunal aclaró que el acceso a la información “no es un derecho absoluto” y que debe evitarse la difusión de datos que comprometan la intimidad o el honor de las personas evaluadas, conclusión con la que consideró que quedaba “huérfano de todo sustento” el argumento estatal para mantener en reserva los resultados institucionales.







