El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves 19 de noviembre, por unanimidad con 71 votos a favor y ninguno en contra, el nuevo régimen integral de discapacidad que permitirá dejar atrás el esquema de emergencia en el área, cuyo vencimiento opera el próximo 31 de diciembre. La norma aprobada sostiene la mayoría de los puntos incorporados por la oposición en la Cámara de Diputados y queda ahora en manos del Poder Ejecutivo, que deberá avanzar con su reglamentación o definir si aplica algún veto parcial o total.
Durante el debate, el titular de la comisión de Presupuesto y miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde (La Libertad Avanza), defendió la necesidad de dotar de estabilidad al sistema: “La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de ese tipo se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”. Por su parte, la senadora oficialista y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta, subrayó el consenso alcanzado: “La discapacidad no tiene color político. Podemos seguir de emergencia en emergencia o podemos construir un sistema que funcione de forma permanente, con reglas que las familias reconozcan, recursos asignados y controles que den confianza”.
Punto por punto: qué establece la nueva Ley de Discapacidad El texto sancionado ratifica las prestaciones centrales del sistema vigente, incorpora garantías presupuestarias para evitar recortes y endurece los mecanismos de fiscalización:
- Monto y actualización de pensiones: Ratifica las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, manteniendo el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso y garantizando que los ingresos no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación respecto del año anterior.
- Compatibilidad con el empleo formal: Habilita a las personas con CUD a conservar su pensión aun cuando accedan a un trabajo registrado o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Nomenclador y cobertura médica: Sostiene el nomenclador universal de prestaciones con arancel unificado y garantiza a los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad el acceso a las prestaciones básicas de la Ley 24.901 (Programa Incluir Salud).
- Blindaje presupuestario y pago a prestadores: Detalla partidas específicas del Ministerio de Salud —con compensaciones previstas desde el Tesoro Nacional si resultaran insuficientes— y obliga al Ejecutivo a publicar dentro de los 30 días un cronograma para cancelar las deudas pendientes con prestadores en un plazo máximo de 90 días.
- Auditorías y cruce de datos: Faculta a la Secretaría Nacional de Discapacidad a realizar controles periódicos mediante el cruce de información con ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, habilitando suspensiones preventivas ante incumplimientos objetivos bajo un “debido proceso inclusivo” con notificación y rehabilitación provisoria.
Costo fiscal y cruces políticos en el recinto Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) citadas durante la sesión por los senadores Guillermo Andrada (Convicción Federal) y Agustín Monteverde, el impacto fiscal del sistema asciende a $600.000 millones para el corriente año y se proyecta en $1,2 billones para 2027. En ese sentido, la senadora radical Mariana Juri advirtió sobre la necesidad de asegurar esas partidas en el próximo cálculo de recursos: “Deberíamos estar atentos a que el Presupuesto 2027 tenga previsto estos fondos, es muy importante. No nos conformemos hoy con sancionar la ley. No nos distraigamos”.
Desde el bloque Justicialista, Alicia Kirchner valoró la sanción pero manifestó su preocupación por la capacidad operativa de las 427 oficinas de ANSeS en todo el país para ejecutar los trámites, mientras que Juliana di Tullio cuestionó el alcance de las auditorías oficiales —señalando que se citó al 91% del padrón y solo se suspendieron 141 beneficios— y denunció atrasos de casi $80.000 millones con los prestadores: “Dejen de decir que las personas con discapacidad mienten”, reclamó.
En el tramo final de los discursos, el jefe del bloque PRO, Martín Goerling, celebró el fin de las prórrogas —“La dignidad de una persona con discapacidad y la de su familia no pueden estar atadas a una emergencia que vence el 31 de diciembre”— y denunció irregularidades en el otorgamiento de pensiones en Misiones, mientras que la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, cerró destacando el “acuerdo político y social” alcanzado tras admitir que, más allá de las dificultades reales de las familias, existieron “situaciones de falsedad” que requerían ordenamiento.







