Nuevos y alarmantes detalles salieron a la luz en torno al escándalo desatado en el jardín comunitario “Mi Ilusión”, ubicado en la localidad de Villa Trujui, en el partido bonaerense de Moreno (zona oeste del conurbano de la provincia de Buenos Aires), establecimiento al que concurren diariamente alrededor de 50 niños del barrio. El episodio culminó el martes por la noche cuando vecinos hartos de los conflictos y las detonaciones ingresaron al predio situado sobre calle Barker —entre Filipinas y Pasaje Yésica— tras dar aviso a la Policía, logrando que fuera detenido José Luis Vargas (41), quien se desempeñaba como sereno del lugar y sería pareja de la directora de la institución, Nancy Lamas (50).
Durante el allanamiento efectuado en el interior del establecimiento educativo, entre cajas, juguetes y material pedagógico, los investigadores secuestraron un importante arsenal compuesto por una escopeta calibre 12/70, tres cartuchos antitumulto, un cartucho de guerra y diez cartuchos antitumulto ya percutados, además de una pistola calibre .22 con cargador y ocho municiones, trece balas intactas calibre 9 milímetros y un cuchillo tipo de campo. Tras intentar resistirse al arresto y escapar, Vargas quedó detenido e imputado por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, abuso de armas, amenazas y resistencia a la autoridad, en una causa encabezada por la fiscal Luisa Pontecorvo y la auxiliar Milagros Giménez.
Un presunto desarmadero en el patio de juegos y graves denuncias contra la directora
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, la presencia del sospechoso comenzó hace más de dos meses, cuando tras el robo de un aire acondicionado y juegos infantiles, la directora Nancy Lamas decidió contratar al hijo de una cocinera para custodiar el inmueble durante la noche. Aunque Vargas llegaba por la tarde y se retiraba antes de las 7:00 para no cruzarse con los alumnos, las propias docentes y los vecinos comenzaron a advertir la presencia de autopartes y vehículos desguazados en el patio del jardín, exactamente en el sector donde los niños salían a jugar. Según relataron habitantes del barrio, el detonante del martes ocurrió cuando el sujeto comenzó a efectuar disparos al aire, hacia la calle y contra personas que golpeaban la puerta para reclamarle supuestas deudas vinculadas a los autos que desarmaba o al consumo de sustancias.

Si bien fuentes judiciales aclararon que por el momento no existen pruebas de que en el lugar funcionara un búnker de venta de drogas, la Justicia investiga la procedencia ilícita de las autopartes halladas dentro del predio. A su vez, el caso destapó un fuerte conflicto institucional: Ariel Olea (46), hijo de la mujer que fundó la organización original hace más de 30 años en una propiedad familiar bajo el nombre Copa de leche e inclusión, denunció públicamente que Lamas —empleada de la Dirección General de Escuelas bonaerense— se apropió de la conducción tras falsificar la firma de su madre mientras estaba internada y que hoy cobra entre $20.000 por día y hasta $100.000 por chico en un establecimiento que carece de validez oficial ante el Ministerio de Educación.

Fuente: Clarín







