No hubo acuerdo en la audiencia de mediación entre el ministro de la Corte de Justicia y el empresario textil. La demanda civil por daños y perjuicios, iniciada tras los fallidos pedidos de juicio político contra el magistrado, entra ahora en su etapa decisiva. Lima exige una indemnización millonaria y una retractación pública por lo que considera una campaña de desprestigio.
Sin punto de retorno en el Octavo Juzgado Civil
Tras meses de idas y vueltas judiciales, recusaciones de jueces y una tensa espera, la instancia de conciliación obligatoria terminó en un rotundo fracaso. Ni el cortista Marcelo Lima ni el empresario Sergio Vallejos cedieron en sus posturas durante el encuentro fijado para mediados de abril en el Octavo Juzgado Civil. Ante la falta de voluntad para un arreglo extrajudicial, la causa avanza formalmente hacia el juicio.
El conflicto legal tiene su origen en las presentaciones que Vallejos realizó durante 2024 ante la Cámara de Diputados, donde solicitó el juicio político de Lima en dos oportunidades. Dichos pedidos fueron desestimados por unanimidad por la Sala Acusadora al considerar que carecían de fundamentos sólidos, lo que dio pie a la contraofensiva legal del magistrado.
Los dos ejes de la demanda: plata y «honor»
La estrategia de la defensa de Lima es contundente y se divide en dos acciones conjuntas:
- Resarcimiento económico: El ministro reclama el pago de 60 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios. Argumenta que las denuncias de Vallejos no fueron un ejercicio legítimo de control ciudadano, sino un ataque «abusivo» y malintencionado que afectó su trayectoria profesional y personal.
- Declaración de inexactitud: Más allá del dinero, Lima busca un fallo que declare la «inexactitud objetiva» de las acusaciones vertidas por el empresario. En términos simples, pretende que la justicia civil deje asentado por escrito que lo que Vallejos dijo sobre él en los expedientes de juicio político fue falso.
La postura de Sergio Vallejos
Por su parte, el empresario y excandidato a gobernador se mantiene firme en su derecho a denunciar lo que considera irregularidades en el funcionamiento del Poder Judicial. Vallejos ha calificado la demanda como un intento de «amedrentamiento» y una «represalia política» por su rol opositor y sus cuestionamientos a la gestión judicial en causas de alto impacto, como la expropiación de la exbodega La Superiora.
¿Qué sigue ahora?
Con la conciliación agotada, el proceso entra en la etapa de apertura a prueba. Ambas partes deberán presentar sus evidencias y testigos ante el juez para fundamentar sus posiciones. Se espera que el juicio sea uno de los más seguidos del año, no solo por la cifra millonaria en juego, sino por el fuerte componente político que enfrenta a un miembro del máximo tribunal de la provincia con un referente del sector empresarial y político.
