El Poder Ejecutivo Nacional impulsa una modificación integral a la Ley Nº 26.657 con el objetivo de agilizar las internaciones, redefinir el rol de los psiquiatras y establecer una mayor responsabilidad del entorno familiar. La iniciativa busca equilibrar los derechos individuales con la necesidad de intervenciones terapéuticas más efectivas ante cuadros críticos.
Los cambios clave en el nuevo proyecto
El proyecto de ley presentado este lunes introduce modificaciones sustanciales en la forma en que el Estado y las familias abordan las afecciones mentales. Estos son los puntos más destacados:
- Jerarquización del Rol Médico: A diferencia de la ley actual, la reforma establece que los equipos interdisciplinarios deben contar obligatoriamente con un médico psiquiatra. Se busca que el diagnóstico y la decisión de tratamiento tengan un respaldo médico especializado desde el inicio.
- Flexibilización de Internaciones: Si bien se mantiene la internación como recurso excepcional, el proyecto facilita los mecanismos para la internación involuntaria. Ahora, para evaluar el riesgo cierto e inminente, se podrán considerar hechos previos importantes y no solo el estado del paciente en el momento exacto de la evaluación.
- Corresponsabilidad Familiar: Uno de los puntos más innovadores es la obligación legal de los familiares. Estos no podrán desentenderse del proceso de alta y están obligados a presentarse en el establecimiento al momento del egreso para acompañar el tratamiento ambulatorio.
- Cambio de Terminología: Se propone dejar atrás la denominación de «padecimiento mental» para pasar a hablar de «afección o trastorno de salud mental», buscando una mayor precisión técnica en sintonía con estándares médicos internacionales.
- Abordaje de Adicciones: Se ratifica que las adicciones son parte de la salud mental, pero se hace énfasis en la «singularidad del consumo», permitiendo tratamientos diferenciados según la sustancia y el contexto del paciente.
Protección de derechos y control judicial
A pesar de los cambios que otorgan mayor agilidad a las internaciones, el proyecto mantiene la presunción de capacidad de todas las personas. Un diagnóstico de salud mental no significará automáticamente la restricción de derechos civiles o la incapacidad jurídica.
Además, se fortalecen las herramientas del Órgano de Revisión, que estará integrado por representantes de los ministerios de Salud y Justicia, la Defensoría Pública y asociaciones de familiares, para garantizar que no existan abusos en los procesos de internación prolongada.
