El Gobierno provincial impulsa una revisión de la normativa vigente al considerar que los castigos actuales resultan «exagerados» y desproporcionados. La iniciativa busca equilibrar la disciplina interna con el respeto a los derechos laborales de los efectivos policiales y penitenciarios.
Una normativa bajo la lupa
El Ejecutivo de San Juan ha iniciado el proceso para reformar la ley que regula el sistema de sanciones disciplinarias de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial. Tras un análisis pormenorizado de la aplicación de la norma actual, las autoridades competentes han concluido que el marco legal vigente —heredado en gran medida de estructuras rígidas— contempla castigos que, en la práctica, resultan excesivos frente a faltas de carácter administrativo o leve.
El objetivo central de la reforma es dotar a las fuerzas de seguridad de un régimen más moderno y equitativo. Según trascendió desde esferas oficiales, la intención no es flexibilizar el control sobre el personal, sino garantizar que la sanción sea proporcional a la infracción cometida, evitando que medidas punitivas extremas afecten de manera injusta la carrera o el sustento de los uniformados ante errores menores.
Proporcionalidad y derechos laborales
Uno de los puntos críticos que motiva este cambio legislativo es el impacto económico y profesional que las sanciones actuales acarrean para los agentes. Bajo el esquema que se pretende modificar, ciertas faltas derivaban en suspensiones prolongadas o afectaciones salariales que eran calificadas como desmedidas por los propios cuadros de las fuerzas y por especialistas en derecho administrativo.
La nueva ley buscará establecer una escala de gradación más clara, donde la sanción cumpla una función correctiva sin caer en la arbitrariedad. «Buscamos un sistema que mantenga el orden y la disciplina, pero que también se ajuste a los principios de razonabilidad que rigen en cualquier ámbito del derecho moderno», explicaron fuentes vinculadas al proyecto.
Impacto en la operatividad de la fuerza
Desde el Ministerio de Seguridad sostienen que un régimen sancionatorio más justo contribuirá a mejorar el clima laboral y la moral de las tropas. Al reducir la sensación de «persecución» ante sanciones consideradas injustas, se espera un mayor compromiso y eficiencia en el servicio diario que los efectivos brindan a la comunidad.
El proyecto de ley será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento en las próximas sesiones. Se anticipa que la propuesta contará con el respaldo de diversos sectores, entendiendo que la actualización de las normas internas de seguridad es un paso necesario para profesionalizar y jerarquizar a las instituciones encargadas de la protección ciudadana en todo el territorio provincial.
