En su primera presentación ante el Congreso como Jefe de Gabinete, el funcionario brindó definiciones cruciales sobre el rumbo económico, la situación del crédito privado y el impacto de los conflictos internacionales en los precios locales.
El informe de gestión enviado por la Jefatura de Gabinete al Congreso de la Nación dejó tela para cortar en materia económica. A través de un extenso documento, Manuel Adorni respondió a las inquietudes de los legisladores sobre tres ejes que hoy preocupan a la ciudadanía: el aumento de la morosidad en los préstamos, la postergación de los cambios en la medición de la inflación y el encarecimiento de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente.
1. El aumento de la morosidad y el crédito privado
Uno de los datos más sensibles que surgieron de las consultas legislativas tiene que ver con la capacidad de pago de los argentinos. Según datos del Banco Central citados en el informe, la morosidad en el sistema financiero alcanzó un 6,7% de la cartera total en febrero, pero el número se dispara al 11,2% cuando se analiza específicamente el caso de las familias.
Desde el Gobierno defendieron este fenómeno como una consecuencia «previsible» de la expansión del crédito privado, que ha duplicado su peso en el PBI desde finales de 2023. Para la Jefatura de Gabinete, el sistema financiero ha vuelto a su rol de intermediario de recursos para el sector privado, y el incremento del riesgo es un proceso natural de este desarrollo.
Asimismo, ante la preocupación por las altas tasas de interés en entidades no bancarias, el Ejecutivo explicó que estas operan con costos más elevados debido a que sus clientes suelen tener ingresos informales o menos estables, lo que aumenta el riesgo crediticio.
2. ¿Qué pasa con el nuevo índice de inflación?
El informe también arrojó luz sobre la postergación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los legisladores consultaron por qué no se ha implementado aún la medición basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018.
La respuesta oficial fue cauta: el Gobierno sostiene que cualquier cambio metodológico está en análisis para asegurar la «comparabilidad de las series estadísticas». Argumentaron que introducir una nueva base en este contexto requiere contemplar las condiciones macroeconómicas actuales para evitar «interpretaciones erróneas» que afecten la toma de decisiones.
3. Combustibles: el «shock» de Medio Oriente y la no intervención
Finalmente, el informe abordó el impacto de la guerra en Medio Oriente sobre el precio del gasoil. En este punto, la definición del Ministerio de Economía fue tajante: no habrá intervención estatal.
El Gobierno considera que el aumento de los combustibles es una «señal del mercado global» y que los costos logísticos deben ajustarse mediante la competencia y la eficiencia de las empresas. El documento rechaza explícitamente cualquier mecanismo de alivio fiscal o subsidio, incluso para las economías regionales más afectadas, bajo la premisa de que «cualquier intento estatal de amortiguar el impacto solo posterga el ajuste necesario y genera ineficiencias».
Para la gestión de Adorni, la cadena de abastecimiento debe equilibrarse sola, permitiendo que los precios relativos guíen la asignación de recursos sin «redistribuir coercitivamente recursos de otros contribuyentes».
