A través de un decreto que se publicará en los próximos días, la gestión de Javier Milei establecerá que un porcentaje de los ingresos por ventas y concesiones de activos estatales se dirija exclusivamente a recuperar la capacidad operativa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
En un giro estratégico para la política de Defensa, el Gobierno nacional confirmó que utilizará parte de los recursos obtenidos mediante el proceso de privatizaciones y concesiones para financiar el reequipamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas. La medida busca revertir décadas de desinversión y obsolescencia en el material bélico y la infraestructura militar del país.
Según trascendió, el esquema prevé que un porcentaje de lo recaudado por la venta de empresas públicas y activos del Estado se derive a una cuenta específica destinada a la compra de tecnología, armamento y mantenimiento de unidades. Entre los objetivos principales se encuentran el fortalecimiento del Ejército Argentino, la Armada y la Fuerza Aérea, estructuras que han sufrido severas restricciones presupuestarias durante los últimos años.
Los ejes de la inversión
Desde la Casa Rosada sostienen que esta decisión responde a una instrucción directa del presidente Javier Milei para jerarquizar el rol militar en un contexto global complejo. Los fondos no solo se aplicarán a la adquisición de nuevo equipamiento, sino también a la mejora de la infraestructura logística y operativa.
Entre los proyectos que podrían recibir este impulso financiero se mencionan:
- Vigilancia y control: Refuerzo del monitoreo de fronteras y del mar argentino.
- Recuperación de capacidades: Adquisición de repuestos y modernización de sistemas de armas actuales.
- Proyección estratégica: Financiamiento para obras de gran escala, como la base integrada en Tierra del Fuego, clave para la logística en el Atlántico Sur y la Antártida.
Privatizaciones con destino específico
La iniciativa marca un precedente en la gestión actual, vinculando directamente el programa de reducción del Estado con el fortalecimiento de las áreas de seguridad y defensa nacional. Fuentes oficiales indicaron que el decreto establecería un tope de hasta el 70% de lo recaudado por la venta de inmuebles estatales y un porcentaje menor (en torno al 10%) de las grandes privatizaciones de empresas para este fin.
Esta señal hacia las Fuerzas Armadas llega en un momento de fuerte alineamiento internacional y tras anuncios de compras de alto impacto, como los aviones F-16 adquiridos recientemente a Dinamarca. Con este nuevo flujo de fondos, el Ministerio de Defensa espera garantizar la sostenibilidad de la inversión militar a largo plazo, independientemente de las variaciones del presupuesto ordinario.
La oficialización de la medida se espera para el inicio de la próxima semana, lo que representará uno de los movimientos más significativos en materia de política militar de la administración libertaria hasta la fecha.
