A través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se oficializó el cierre formal del PEVI. Los recursos remanentes pasarán al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y las bodegas dejarán de pagar los cánones establecidos por la Ley 25.849.
En una medida de fuerte impacto para la industria madre de la región, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, bajo la firma de Sergio Iraeta, resolvió declarar cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). Con esta decisión, se dispone el cierre formal del programa en un plazo de tres meses y se da de baja la obligatoriedad de las contribuciones que los establecimientos vitivinícolas debían abonar para su financiamiento.
El fin de una etapa estratégica
La resolución (basada en el expediente EX-2026-06693847) argumenta que el PEVI fue concebido originalmente con un horizonte temporal que vencía en el año 2020. Si bien la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) había solicitado una extensión mediante el programa «PEVI 2030», el Gobierno Nacional solo aprobó dicha prórroga de manera parcial y con fecha de finalización inmediata al día de hoy.
Según los considerandos de la norma, la COVIAR no posee facultades para prorrogar unilateralmente el plan, siendo el Poder Ejecutivo el encargado de fiscalizar y decidir sobre la continuidad de las imposiciones económicas.
Impacto en los recursos y las bodegas: Uno de los puntos clave de la medida es la finalización de las contribuciones obligatorias previstas en el artículo 10 de la Ley 25.849. Esto significa que las bodegas y establecimientos del sector dejarán de financiar coactivamente la estructura del plan estratégico.
A partir de ahora, se han dictado las siguientes directivas:
Cese de recaudación: El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) recibió la instrucción de dejar de cobrar los cánones de manera inmediata.
Traspaso de fondos: Todos los recursos remanentes que hayan sido recaudados para el PEVI, sin importar en qué cuenta o patrimonio se encuentren actualmente, deberán ser transferidos al patrimonio del INV.
Rendición de cuentas: La COVIAR tendrá un plazo de 90 días para presentar un informe final detallado que incluya el rendimiento de cuentas, las acciones realizadas y el grado de cumplimiento de las metas alcanzadas desde el inicio del plan.
Continuidad institucional
Cabe destacar que la resolución aclara que esto no implica la disolución de la COVIAR. La corporación seguirá existiendo como persona jurídica pública no estatal, manteniendo su capacidad jurídica según lo establecido por ley, aunque ya no contará con el flujo de fondos obligatorios vinculados específicamente al plan estratégico 2020 que acaba de cerrarse.
La medida entrará en vigencia formalmente tras su publicación en el Boletín Oficial, marcando un cambio de paradigma en la administración de los recursos del sector vitivinícola nacional y local.
