Tras semanas de tensión y cruces judiciales, el Gobierno de Ricardo Quintela y la operadora del yacimiento presentaron un pedido conjunto ante la Justicia de Chilecito. Buscan suspender la medida cautelar que bloqueaba el paso hacia el estratégico proyecto cuprífero.
Lo que comenzó como una disputa de alto voltaje que amenazaba con escalar a un conflicto interprovincial y arbitrajes internacionales, ha tomado un rumbo de concertación en las últimas horas. En un movimiento sorpresivo, el Gobierno de La Rioja y la empresa operadora del Proyecto Vicuña realizaron una presentación conjunta ante la Cámara Civil de Chilecito para solicitar la suspensión de la restricción que impedía el tránsito de maquinaria pesada por las rutas riojanas.
El origen del conflicto
Cabe recordar que la controversia estalló en abril, cuando la jueza María Greta Decker ordenó suspender por 30 días las actividades y el tránsito por el corredor de Guandacol (Ruta 506). La medida, fundamentada en la supuesta falta de informes de impacto ambiental en territorio riojano y el reclamo por la renta minera, afectó de lleno al Proyecto Vicuña, uno de los desarrollos de cobre más ambiciosos del país, ubicado en el límite entre San Juan y La Rioja.
La situación había generado una fuerte alarma en el sector productivo y una respuesta inmediata de la Justicia de San Juan, que a través de una medida cautelar buscó garantizar la operatividad de la mina, denunciando una extralimitación de jurisdicción por parte de los tribunales riojanos.
Un nuevo escenario de negociación
Sin embargo, el tono de confrontación dio paso al diálogo. Según confirmaron fuentes oficiales, el Secretario General de la Gobernación de La Rioja, Ricardo Herrera, fue una de las piezas clave en el acercamiento con la compañía. El objetivo de este pedido conjunto a la Justicia es «suspender provisionalmente» los efectos de la cautelar para permitir que las partes terminen de pulir un acuerdo estratégico definitivo.
Entre los puntos que el Ejecutivo riojano puso sobre la mesa para destrabar el conflicto se destacan:
- Exigencias Ambientales: El cumplimiento de las normativas de los Ministerios de Medio Ambiente e Industria de La Rioja.
- Infraestructura y Desarrollo Local: Garantías sobre el uso y mantenimiento de las rutas provinciales.
- Participación en la Renta: Un esquema que asegure beneficios económicos para las comunidades riojanas cercanas al proyecto.
Impacto regional
Desde el sector minero ven con optimismo este avance, ya que la paralización ponía en riesgo miles de puestos de trabajo indirectos y contratos con proveedores locales. Para La Rioja, este acuerdo representa la oportunidad de sentar un precedente sobre cómo deben tributar y operar los proyectos que, aunque tengan su núcleo en una provincia vecina, utilizan recursos y logística de su territorio.
Por ahora, la restricción policial se mantendrá vigente hasta que la jueza resuelva el pedido formal. No obstante, el gesto de «ir de la mano» a la Justicia marca el fin de la hostilidad y el inicio de una etapa donde la minería a gran escala deberá convivir con las exigencias políticas y ambientales de ambas provincias.
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