Tras una compleja investigación de Gendarmería Nacional, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó sentencia contra una pareja y su hijo por someter a una menor de edad a un régimen de violencia extrema, esclavitud laboral y unión forzada.
El caso, que conmocionó a la provincia y especialmente al departamento de Caucete, comenzó a desenredarse en abril del año pasado gracias a una denuncia anónima al 911. El relato de los hechos expone una trama de terror que afectó a una joven menor de edad, perteneciente a la colectividad Romaní, quien fue privada de su libertad y obligada a contraer una unión de hecho con el hijo de sus captores.
El operativo en Caucete: La investigación, liderada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan”, se activó de inmediato tras la alerta de un posible secuestro. El personal de la Fuerza logró interceptar un vehículo en territorio caucetero donde se trasladaba la víctima junto a su hijo recién nacido y sus captores.
A partir de allí, se descubrió que la joven no solo había sido obligada a la maternidad y al matrimonio, sino que vivía bajo un sistema de explotación integral. Según fuentes judiciales, la víctima sufrió:
- Violencia física y psicológica constante.
- Explotación laboral y privación alimentaria.
- Restricción absoluta al sistema de salud.
- Traslados frecuentes por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe para evitar ser detectados.
Una investigación federal
La clave para la condena fue el trabajo coordinado entre la Unidad Fiscal Federal de San Juan, la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) y diversas unidades de Gendarmería en el país.
A través de un minucioso entrecruzamiento de datos, los peritos lograron reconstruir una línea temporal precisa. Esta cronología permitió identificar el rol de cada miembro de la familia procesada en las distintas etapas del sometimiento, desde el traslado inicial hasta la consolidación de la explotación en San Juan.
Sentencia ejemplar: La solidez de las pruebas presentadas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan no dejó lugar a dudas. Los imputados fueron hallados culpables del delito de trata de personas, agravado por la minoría de edad de la víctima.
La condena de 10 años de prisión marca un precedente importante en la lucha contra la trata y el matrimonio infantil en la región, subrayando la importancia de los canales de denuncia anónima para rescatar a víctimas de redes de violencia familiar y comunitaria.
Línea 145: Si sabés de alguien que esté siendo explotado o si sos víctima de trata, podés llamar de manera gratuita y anónima las 24 horas, los 365 días del año.
