La investigación judicial sobre la lujosa propiedad en Pilar, que salpica a altos mandos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entra este lunes en una etapa de definiciones críticas. La Cámara Federal de Casación Penal llevará a cabo una audiencia clave para resolver un conflicto de competencia que mantiene el expediente en vilo: determinar si las actuaciones deben seguir en la Justicia federal de Campana o si regresan al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
El eje del debate radica en dónde debe investigarse la presunta maniobra de lavado de dinero y el uso de testaferros detrás de la casona del barrio Ayres Plaza. Actualmente, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, sostiene que le corresponde intervenir porque el inmueble está en su jurisdicción. Sin embargo, el fiscal general Carlos Cearras y el juez Marcelo Aguinsky insisten en que el foco no es la ubicación de la casa, sino una supuesta estructura de administración fraudulenta que tiene como núcleo operativo a la AFA en la Capital Federal.
La propiedad en cuestión fue declarada por un valor de 1,8 millones de dólares en mayo de 2024, aunque tasaciones oficiales sugieren que su precio real podría escalar hasta los 17 millones de dólares. En el expediente figuran datos que vinculan directamente al entorno del tesorero Pablo Toviggino, como las visitas frecuentes de su hijo Máximo al lugar y el hecho de que el titular formal de la vivienda, Luciano Pantano, utilizara tarjetas corporativas de la AFA para solventar gastos personales.
Tras la audiencia de hoy, los magistrados de Casación dispondrán de cinco días hábiles para dictar una resolución. Esta sentencia marcará el rumbo de la instrucción y la velocidad de las próximas medidas de prueba en uno de los frentes judiciales más delicados para la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia, ya que la mudanza de tribunal podría acelerar o dilatar los pedidos de indagatoria y los peritajes financieros sobre los involucrados.
