En una jornada marcada por la incertidumbre de miles de usuarios que dependen del transporte público para cumplir con sus obligaciones diarias, el Subsecretario de Trabajo de San Juan, Franco Marchese, brindó detalles a Radio Colon sobre la postura oficial del Gobierno ante las medidas de fuerza anunciadas por la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
Con la firmeza de quien conoce el entramado legal pero con la sensibilidad de entender el impacto social de estas decisiones, Marchese confirmó que la provincia ha intervenido de oficio para mitigar el golpe al ciudadano.
Una intervención necesaria ante el silencio gremial
Lo que más llamó la atención en los pasillos de la Subsecretaría fue la falta de comunicación formal por parte del sindicato. Según relató Marchese, la UTA emitió un comunicado advirtiendo sobre las medidas de fuerza, pero no realizó ninguna presentación oficial ante el organismo laboral.
«Uno la verdad que no entiende el porqué», expresó el funcionario con un tono de desconcierto que refleja la tensión del momento. Para el Subsecretario, el hecho de que un sindicato desconozca la competencia de la autoridad laboral provincial para entender en conflictos de trabajo es, cuanto menos, una situación «rarísima» que no encuentra correlato en otras jurisdicciones.
El peso de la Ley de Modernización Laboral
Ante este escenario de falta de diálogo formal, la Subsecretaría de Trabajo decidió actuar de oficio. Se emitió una resolución que intima directamente al gremio a cumplir con lo establecido en la nueva Ley de Modernización Laboral, actualmente en plena vigencia.
Bajo este marco legal, el transporte de pasajeros ya no se discute únicamente como un derecho gremial, sino que se categoriza como un «servicio trascendental». Esta distinción técnica tiene un impacto directo en la vida de los sanjuaninos: al ser considerado un servicio de esta magnitud, la ley obliga a las partes a asegurar una prestación mínima.
Garantizar el movimiento de la provincia
La resolución es tajante: la UTA debe garantizar, como piso mínimo, el 50% del cumplimiento del servicio. No se trata de una cifra al azar, sino de un equilibrio buscado por la ley para que el legítimo reclamo de los trabajadores no termine por asfixiar el derecho a circular y trabajar del resto de la sociedad.
«Deben asegurar el cumplimiento del 50% como mínimo», enfatizó Marchese, dejando claro que el Estado provincial utilizará todas las herramientas legales a su alcance para que San Juan no se detenga. Mientras el conflicto sigue su curso, la mirada está puesta en el cumplimiento de esta intimación, una medida que busca llevar un poco de alivio a los trabajadores y estudiantes que, una vez más, quedaron rehenes de una disputa que parece lejos de resolverse por la vía del diálogo convencional.
