La Cámara de Senadores de la Nación sancionó la normativa que busca reducir el circulante de armas ilegales. Establece un plazo de 360 días para registrar el armamento no declarado ante la ANMaC y ofrece un incentivo económico para quienes las entreguen de forma anónima.
En una sesión clave, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Regularización de Armas de Fuego y Prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria, una iniciativa que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. La votación en general cerró con 40 votos a favor y 26 en contra, en un debate que expuso visiones contrapuestas sobre las políticas de seguridad civil y el control del mercado ilegal.
La nueva legislación persigue un doble objetivo: por un lado, brindar una ventana de tiempo para que los usuarios irregulares pongan sus papeles al día; por el otro, sacar de circulación la mayor cantidad de armas posibles mediante la destrucción directa.
Las claves de la nueva ley
La norma introduce cambios sustanciales destinados a ordenar un universo que, según estimaciones oficiales, contempla alrededor de 800.000 armas en situación irregular en todo el país.
- Plazo para regularizar: Se otorga un tiempo de 360 días para que las personas que posean armas no autorizadas o sin declarar puedan presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y normalizar su situación legal.
- Trámites simplificados: La ley busca agilizar y simplificar los mecanismos de renovación para los legítimos usuarios, reduciendo las trabas burocráticas que muchas veces empujan a los civiles a la informalidad.
- Prórroga de entrega voluntaria: El programa de desarme —cuya última prórroga había vencido a fines de 2023— se extenderá formalmente hasta el 31 de diciembre de 2027.
Anonimato e incentivo económico
Uno de los puntos más destacados por los legisladores que impulsaron la medida es que la entrega de armas y municiones se puede realizar de manera completamente anónima. Quienes decidan llevar su armamento a los puestos de la ANMaC para su posterior destrucción no sufrirán ningún tipo de consecuencia legal ni sanción por la tenencia previa no autorizada.
Además, el Estado mantendrá el estímulo a través de un incentivo económico. Quien entregue un arma recibirá un cupón de pago que podrá ser canjeado en efectivo, una estrategia que busca acelerar la devolución en los sectores más vulnerables o en hogares que heredaron armas y prefieren deshacerse de ellas de forma segura.
Debate en el recinto
Durante la discusión, la senadora Carolina Losada (UCR), quien ofició como miembro informante, defendió la propuesta catalogándola como una herramienta indispensable de prevención civil: «Sirve para quitar de la oscuridad muchas armas. Es una manera razonable de contabilizar y regularizar para saber quiénes las tienen», argumentó.
Por el contrario, desde los bloques opositores se criticó la falta de distinción entre las armas que alguna vez estuvieron registradas y aquellas que ingresaron directamente de forma ilegal, advirtiendo sobre el crecimiento del mercado negro en los últimos años.
Con la ley ya sancionada, resta que el Poder Ejecutivo proceda a su promulgación en el Boletín Oficial para que la ANMaC comience a aplicar los nuevos plazos de regularización y reactive formalmente los centros de recepción de armamento en todo el territorio nacional, incluido San Juan.
