La Cámara Federal de Casación Penal anuló el pase del expediente a la Justicia de Campana y ordenó que el caso de la mansión de 17 millones de dólares se defina en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación apunta a presuntos testaferros de las máximas autoridades de la AFA, incluidos Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino.
La megacausa que hace temblar los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un capítulo clave en los pasillos de los tribunales de Comodoro Py. Por decisión de la mayoría de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, la investigación por la lujosa casa-quinta de Pilar abandonó la jurisdicción bonaerense y pasó a radicarse de manera definitiva en los tribunales porteños.
Con este fallo, la Cámara Nacional en lo Penal Económico será la encargada de dictar una nueva resolución, un movimiento que la fiscalía venía exigiendo para evitar que la causa se licuara o se dilate en el tiempo.

Mansión, helipuerto y autos de colección
El foco del escándalo es una imponente propiedad valuada de forma real en 17 millones de dólares (aunque declarada en la escritura por apenas 1.8 millones). La sospecha judicial apunta a que la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría actuado como pantalla y testaferro de la cúpula de la AFA para adquirir este y otros bienes de un nivel de vida imposible de justificar.
La investigación no se queda solo en las paredes de la mansión de zona norte, sino que el expediente detalla una serie de lujos extravagantes:
- Una flota entera de autos de colección.
- Un helipuerto privado dentro del predio.
- Caballerizas de primer nivel.
La Justicia busca determinar si el verdadero dueño de este patrimonio es el propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.
El laberinto judicial y la interna de los jueces
Este cambio de rumbo echa por tierra la polémica resolución que había tomado la Cámara Federal de San Martín en enero pasado, cuando intentó mandar la papa caliente al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay (quien de momento retendrá las tareas básicas de la pesquisa hasta que se formalice el traspaso).
El fiscal ante Casación, Mario Villar, fue quien plantó bandera argumentando que el fuero Penal Económico de la Capital Federal era el único competente, dado que allí se inició el expediente y es donde se investiga la retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por parte de la conducción del fútbol argentino.
La votación en Casación dejó ver las distintas posturas de los camaristas:
- Los jueces Alejandro Carbajo y Mariano Borinsky terminaron convalidando que la Cámara Nacional en lo Penal Económico (integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio) resuelva el tema con «celeridad» y defina si confirma los procesamientos de Tapia y Toviggino.
- Sin embargo, en el debate original, el propio Borinsky había planteado reparos al advertir que estas idas y vueltas entre juzgados significaban una «solución dilatoria que atenta contra la economía procesal», estirando los plazos de una causa que el país mira con lupa.







