A una semana de la firma del convenio entre el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, ambas provincias avanzan firmes en la implementación de un control unificado en el puesto de San Carlos. Esta articulación estratégica ya comenzó a dar sus primeros frutos con operativos conjuntos que combinan tecnología, despliegue policial y tareas de inteligencia criminal para combatir delitos complejos en los corredores viales clave de la región de Cuyo.
El esquema de cooperación se desplegó con fuerza mediante procedimientos simultáneos sobre la Ruta Nacional 40 y diversos accesos interprovinciales. En estos puntos estratégicos trabajaron de manera coordinada divisiones especializadas de ambas policías junto a Gendarmería Nacional, llevando a cabo verificaciones biométricas, controles vehiculares exhaustivos y tareas preventivas destinadas a blindar las fronteras provinciales.
Uno de los mayores logros de este intercambio de información en tiempo real fue el golpe a las bandas dedicadas al robo y comercialización ilegal de vehículos. Los investigadores lograron detectar una camioneta Ford Ranger Raptor robada, la cual circulaba con la numeración del chasis adulterada. Gracias al minucioso trabajo pericial de los especialistas sanjuaninos, se recuperaron los datos originales del rodado, lo que permitió abrir nuevas líneas en la causa judicial.
La eficiencia del acuerdo también quedó demostrada al desbaratar una organización criminal que operaba robando vehículos en Mendoza para luego venderlos en territorio sanjuanino. Esta investigación conjunta derivó en más de 20 allanamientos simultáneos, múltiples personas detenidas y el secuestro de una importante cantidad de automóviles y autopartes vinculadas a la banda. En paralelo, los operativos permitieron recuperar en San Juan un Toyota Etios robado en la vecina provincia, además de incautar motocicletas y bicicletas que intentaban ser ingresadas por pasos alternativos para evadir las zonas de control.
Más allá de los resultados inmediatos, el convenio apunta a una interoperabilidad total de los sistemas informáticos, compartiendo bases de datos sobre personas con pedidos de captura y vehículos con medidas judiciales. Con este modelo regional de seguridad, San Juan y Mendoza optimizan sus recursos humanos y tecnológicos, aceleran los tiempos de respuesta de la justicia y consolidan una fuerte presencia estatal preventiva para llevar tranquilidad a los ciudadanos de ambas provincias.
