Con la mira puesta en el nuevo edificio de la Avenida 9 de Julio, el Poder Judicial busca optimizar el presupuesto y centralizar sus dependencias.
El Poder Judicial ha dado un paso decisivo hacia la modernización de su infraestructura. Ante el avance de las obras en el predio de la Avenida 9 de Julio, se conformó un equipo de trabajo técnico cuya misión principal será determinar qué inmuebles alquilados dejarán de utilizarse una vez que la nueva sede esté operativa.
Esta medida no solo responde a una necesidad logística, sino también a una fuerte política de austeridad y eficiencia. Actualmente, la fragmentación de oficinas en distintos puntos de la ciudad genera gastos millonarios en alquileres, servicios y traslados de expedientes.
Los ejes de la evaluación
El equipo designado analizará cada contrato de locación vigente bajo tres criterios fundamentales:
• Impacto Económico: Se priorizará la rescisión de contratos con cánones elevados o cláusulas de actualización que resulten insostenibles para el presupuesto judicial.
• Estado de Edificabilidad: Muchos de los edificios actuales presentan deficiencias edilicias que requieren mantenimiento constante, un gasto que el Poder Judicial busca eliminar al mudarse a instalaciones propias y modernas.
• Funcionalidad: Se evaluará qué dependencias pueden integrarse de inmediato para mejorar la atención al público y el trabajo de los magistrados.
Un cambio de paradigma
La centralización en la 9 de Julio promete cambiar la dinámica diaria de abogados y ciudadanos. Al concentrar los juzgados en un solo polo, se espera reducir drásticamente la burocracia física y los tiempos de espera.
«El objetivo es que para cuando se corten las cintas en la 9 de Julio, ya tengamos un mapa claro de los ahorros que se generarán al abandonar propiedades alquiladas», señalaron fuentes cercanas al proyecto.
