La presidenta de la Junta Federal de Cortes, Emilia María Valle —reelecta por unanimidad en la provincia—, analizó los pormenores de la asamblea que tuvo como sede a San Juan. El encuentro dejó tela para cortar: desde la inusual presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, quien llegó con la premisa de «poner la cara» y destrabar un fondo pendiente de 110.000 dólares para el Bus Federal, hasta el fuerte reclamo de las provincias que se declararon «desbordadas» por los costos de la desfederalización del narcomenudeo. Además, los detalles del cónclave secreto con el BID en Sierras Azules para auditar la ciberseguridad y la madurez digital de los tribunales.
La provincia de San Juan se transformó en el epicentro del poder judicial argentino tras albergar la última asamblea general de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JUFEJUS). El encuentro, calificado como «muy positivo» por su titular, la ministra del Superior Tribunal de Chaco, Emilia María Valle, no solo sirvió para ratificar su conducción y la del vicepresidente Fabián Vittar por los próximos dos años, sino que se convirtió en el escenario de una ríspida negociación con el Poder Ejecutivo Nacional y de auditorías clave con organismos internacionales de crédito.
La cumbre, coordinada localmente por el presidente de la Corte de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y la secretaria de la entidad federal, Adriana García Nieto, desplegó una intensa agenda que incluyó el Foro de Comunicación Judicial —donde se firmó un convenio con FOPEA— y mesas de trabajo de la red REFLEJAR. Sin embargo, el plato fuerte político se vivió con la llegada del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, un hecho que la propia dirigencia judicial catalogó como un gesto institucional «muy importante» y fuera de lo común para este tipo de asambleas de magistrados.
Del «vengo a dar la cara» a los dólares para el Bus Federal
La trastienda del encuentro con el funcionario de la administración central estuvo marcada por la tensión económica. Según reveló Valle en diálogo con Radio Colón, antes de habilitar los micrófonos le consultó al ministro si estaba dispuesto a someterse a un ida y vuelta de preguntas abiertas y sin filtro por parte de los jueces de las distintas provincias. La respuesta de Mahiques fue tajante: «Sí, porque yo vengo a dar la cara».
El principal foco de conflicto que la Nación logró destrabar en suelo sanjuanino estaba ligado al financiamiento del Bus Federal, la plataforma tecnológica interjurisdiccional que interconecta de manera digital a todos los poderes judiciales del interior con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias venían reclamando por el sostenimiento de esta herramienta clave.
- El convenio financiero: El acuerdo original entre las provincias y la Casa Rosada contemplaba un presupuesto total de 110.000 dólares para garantizar el soporte técnico de la plataforma.
- La cuota pendiente: Aunque la Nación ya había girado una primera mitad de los recursos, los fondos restantes se encontraban retenidos. Durante la asamblea en San Juan, Mahiques anunció oficialmente que la transferencia adeudada ya había sido acreditada en las cuentas del organismo federal.
El reclamo por el narcomenudeo: «Estamos desbordados»
A pesar del alivio financiero por la vía tecnológica, las Cortes provinciales aprovecharon la presencia de la máxima autoridad de la cartera de Justicia para plantear una profunda preocupación por la desfederalización de las causas de narcomenudeo. Los magistrados expusieron las severas dificultades presupuestarias que afrontan los distritos del interior para absorber competencias que antes correspondían estrictamente a los tribunales federales.
La advertencia de JUFEJUS fue contundente al señalar que las estructuras provinciales se encuentran al límite de sus capacidades operativas. Entre las principales urgencias que se pusieron sobre la mesa de debate se destacaron la grave emergencia carcelaria que azota a los sistemas penitenciarios locales, la falta de presupuesto para la adquisición de equipamiento de alta complejidad y la escasez de fondos destinados a la compra de reactivos químicos para los laboratorios forenses especializados en la lucha contra el tráfico de drogas a menor escala.
Bootcamp en Sierras Azules y la auditoría oculta del BID
En paralelo a la rosca política, la finca Sierras Azules fue la sede de un riguroso bootcamp sobre innovación judicial coorganizado por JusLab, la Corte local y JUFEJUS, que contó con la participación de técnicos de alto rango del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo multilateral de crédito viene tallando fuerte en el rediseño de las estructuras de los tribunales de provincia.
Valle confirmó que el BID ya financió nueve proyectos de innovación de un lote de más de 100 propuestas presentadas, todos orientados a facilitar el acceso a la justicia de sectores sociales en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, el dato más relevante de la jornada en Sierras Azules fue la presentación de una auditoría tecnológica sin precedentes. El banco internacional expuso un «mapa de calor» detallado provincia por provincia, midiendo de manera científica el nivel de madurez digital y el estado de la ciberseguridad en cada poder judicial con el fin de avanzar en futuras líneas de financiamiento directo para blindar los sistemas contra posibles hackeos masivos.
Bandera al juicio por jurados y blindaje de la independencia
Hacia el final de la cumbre, la reelecta presidenta de JUFEJUS hizo una férrea defensa de la implementación del sistema de juicio por jurados, un proceso en el cual San Juan viene avanzando con paso firme. Tomando como espejo la experiencia de Chaco, la magistrada desmitificó los temores técnicos y aseguró que los fallos populares y ciudadanos muestran un índice de conflictividad social notablemente menor que las sentencias dictadas de forma tradicional por los magistrados.
Por último, los ministros de las máximas instancias judiciales del país consensuaron cerrar filas y ratificar el rol de autodefensa de la institución corporativa frente a los embates del poder político de turno. Valle advirtió que la preservación de la independencia judicial sigue siendo el norte de la entidad federal, asegurando de forma taxativa que la junta activará de inmediato sus mecanismos institucionales de repudio y contención ante cualquier intento de condicionamiento, apriete o pedido de intervención que vulnere la autonomía de los poderes judiciales de las provincias.
