El oficialismo buscará avanzar con el dictamen en los próximos días. El proyecto incorpora las adicciones como parte de la salud mental y reabre una fuerte discusión sobre el rol de los psiquiatras y las internaciones involuntarias.
El Senado de la Nación se prepara para avanzar en el tratamiento de la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que promete generar un intenso debate político, médico y social. Entre los puntos más controvertidos del proyecto aparecen la autorización de internaciones “no voluntarias” y la incorporación formal de las adicciones a las drogas dentro del campo de la salud mental.
La Libertad Avanza tiene previsto avanzar con la firma del despacho en el próximo plenario de las comisiones de Salud y Legislación General, presididas por las senadoras oficialistas Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, luego de una tercera ronda de exposiciones de especialistas y organizaciones vinculadas a la temática.
Un proyecto que divide opiniones
Durante la jornada expusieron profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, abogados, familiares y referentes de organizaciones sociales que trabajan con consumos problemáticos, adicciones, suicidio y salud mental.
Uno de los principales ejes de discusión gira en torno a las internaciones involuntarias. El proyecto mantiene el carácter excepcional de estas medidas, aunque habilita su aplicación en situaciones consideradas de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
Otro de los puntos cuestionados es la obligatoriedad de que todo diagnóstico cuente con la participación de un médico psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios.
El respaldo del oficialismo
La senadora Nadia Márquez defendió la propuesta impulsada por el Poder Ejecutivo y cuestionó las críticas de la oposición al abordar la situación actual del sistema de salud mental.
“En este gobierno, la salud mental es una problemática que abordamos y acompañamos para dar una respuesta seria e integral”, expresó durante el debate parlamentario.
Además, sostuvo que la legislación vigente presenta dificultades para actuar rápidamente ante situaciones críticas y afirmó que “la salud mental no puede seguir esperando”.
Según indicó, la reforma busca “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.
Las críticas al proyecto
Las objeciones más fuertes llegaron desde sectores vinculados a la psicología y organizaciones sociales.
La decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Soledad Cottone, rechazó especialmente la exigencia de incorporar obligatoriamente a un psiquiatra en las evaluaciones interdisciplinarias.
“Los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo. Reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación y un retroceso de la psicología como disciplina autónoma”, afirmó.
En la misma línea, distintos sectores advirtieron que el nuevo esquema podría modificar el enfoque interdisciplinario que rige actualmente en la ley nacional.
Familias y especialistas reclamaron cambios
Durante el debate también se escucharon testimonios de familiares y organizaciones que trabajan en territorio con problemáticas de consumo y salud mental.
La acompañante terapéutica Stella Maris Garaventa, representante de Madres Territoriales de Chivilcoy, aseguró que muchas familias atraviesan situaciones límite sin respuestas del Estado.
Según manifestó, la internación involuntaria “debe tomarse como un derecho a la vida”, al describir el impacto de los consumos problemáticos en jóvenes y familias.
Por su parte, el abogado especializado en salud Vadim Mischanchuk consideró necesario modificar la legislación actual y apuntó contra el término “inminente” incluido en la norma vigente, al entender que dificultó durante años la posibilidad de internar pacientes en situaciones críticas.
Los principales cambios que propone la reforma
Entre los puntos centrales del proyecto se destacan:
- La incorporación formal de las adicciones y consumos problemáticos dentro de las políticas de salud mental.
- La obligatoriedad de incluir médicos psiquiatras en los equipos interdisciplinarios.
- Un mayor peso de la evaluación médica en decisiones vinculadas a diagnósticos, tratamientos e internaciones.
- La habilitación de internaciones no voluntarias en casos de riesgo grave.
- La posibilidad de implementar dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación, definidos por la autoridad de aplicación.
La discusión continuará en comisión y el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con el dictamen en los próximos días.
