El Tribunal de Impugnación deberá resolver si la megaestafa por más de 4.000 millones de pesos queda en el fuero provincial o pasa a la Justicia Federal. Mientras tanto, los principales imputados continúan en libertad.
La resonante causa Global Market continúa en un escenario de incertidumbre procesal. Luego de que hace casi un mes el juez Javier Figuerola se declarara incompetente y señalara que el caso debía ser remitido a la Justicia Federal, un nuevo giro administrativo determinó que el Tribunal de Impugnación será el encargado de tomar la decisión final sobre qué fuero llevará adelante la investigación.
En las últimas horas se confirmó que el magistrado Daniel Guillén seguirá al frente de la impugnación. Si bien originalmente se había previsto realizar un sorteo este martes para designar al integrante del tribunal que trataría el recurso contra la incompetencia, dicha instancia quedó sin efecto. Los abogados querellantes fueron notificados de que será el propio Guillén quien intervenga y resuelva el planteo.
Las claves del caso
- El perjuicio económico: La presunta megaestafa de Global Market involucra un monto estimado que supera los 4.000 millones de pesos.
- Damnificados: Hasta el momento, la Justicia ha registrado más de 45 denuncias de particulares afectados.
- Situación de los imputados: Los financistas Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas, titulares de la firma, permanecen actualmente en libertad.
¿Qué pasa si la causa se queda en San Juan?
La resolución que tome el juez Guillén será decisiva para el rumbo de la investigación. Si el magistrado decide rechazar la incompetencia y mantener la causa en el ámbito de la Justicia provincial, el fuero local deberá reactivar de inmediato varias medidas clave que se encuentran en suspenso.
Entre los principales requerimientos de las querellas se destaca la solicitud de prisión preventiva para Ahumada y Cañadas, argumentando los riesgos procesales ante la magnitud del daño económico. Asimismo, de reactivarse el fuero local, se deberán ordenar nuevos allanamientos y secuestros de documentación, así como el peritaje de dispositivos electrónicos esenciales para el avance de la causa.
Por ahora, el destino de uno de los escándalos financieros más grandes de la provincia sigue bajo un estricto compás de espera judicial.
