Juan Martín Rebollo, de 52 años, se suicidó en su celda tras ser declarado culpable por la violación de una menor de edad; antes de efectuar el disparo con el arma reglamentaria que le sustrajo a un oficial, el imputado grabó y publicó un video en las redes sociales donde insistió en su inocencia.
El trágico episodio ocurrió en la Alcaldía de Concordia, provincia de Entre Ríos, donde el exefectivo permanecía alojado a la espera de la sentencia definitiva del juicio en su contra. De acuerdo con lo informado por el jefe departamental de Policía, José María Rosatelli, Rebollo se encontraba en un sector especial destinado a miembros de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas.
Las autoridades policiales detallaron que el detenido solicitó ir al baño de la dependencia. Al regresar hacia su sector de alojamiento, aprovechó un descuido del personal, ingresó a una de las oficinas administrativas y sustrajo el arma reglamentaria de un oficial que se encontraba en el lugar. Acto seguido, Rebollo se dirigió rápidamente a su celda y trabó la puerta desde el interior.
A pesar de que los guardias de la alcaldía intentaron entablar un diálogo de mediación para persuadirlo de deponer su actitud, a los pocos minutos se escuchó la detonación del arma de fuego dentro del calabozo. El impacto le provocó la muerte de forma inmediata.
Horas antes del fatal desenlace, el acusado utilizó un teléfono celular para filmar un descargo de poco más de un minuto que posteriormente subió a las redes sociales. «No tengo salida, no hay salida, fui mal juzgado», manifestó en la grabación, desligando además de cualquier responsabilidad al oficial a quien le quitó la pistola. El material audiovisual ya fue incorporado formalmente como prueba en los legajos judiciales.
Rebollo integró la Policía de Entre Ríos y estaba bajo prisión preventiva desde finales de mayo, luego de que un jurado popular dictara un veredicto de culpabilidad por el delito de abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por su condición de funcionario público y por el uso de un arma, en el marco de una denuncia por un hecho aberrante cometido en el año 2006. El fiscal de la causa, Martín Núñez, había solicitado una pena de 16 años de prisión efectiva durante la audiencia de cesura y se encontraba a la espera de la resolución del tribunal. Tras el fallecimiento, el propio Ministerio Público de Entre Ríos junto con Asuntos Internos abrieron dos investigaciones paralelas para determinar la causa de muerte y establecer si existieron negligencias en los controles de seguridad de la alcaldía.
Fuente: TN Noticias
